El presidente municipal, Gabriel García Rojas, les pide a los nuevos mandos policíacos tener “Cero Tolerancia a la Corrupción y garantizar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía”.

Lo anterior, cuando entregó el nombramiento a Julio César Pérez Abreu, como secretario de Seguridad Pública, Tránsito, Vialidad, Protección Civil y Bomberos.

El Jefe del Ejecutivo municipal dijo que su administración se regirá bajo el lema de “Un Gobierno que decide contigo”, que permitirá durante estos cuatro años a los ciudadanos a participar en todos los programas y políticas que se pongan en funcionamiento, sobre todo en materia social.

Bajo esta filosofía, solicitó al comisario crear una “Policía con Proximidad Social”, que trabaje de manera coordinada con la ciudadanía, para que de esta forma se puedan establecer nuevos programas que permitan garantizar la tranquilidad y la paz social del municipio, añadió.

El objetivo es reducir o abatir los índices delictivos en Tizayuca es a través de la implementación de diversos programas de Prevención del Delito, los cuales promueven la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia.

Se pretende que mediante la instalación de cámaras de videovigilancia y alarmas vecinales, que en conjunto con los programas de prevención del delito ayudarán a identificar los factores de riesgo y grupos vulnerables para propiciar acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia con resultados tangibles que generen su reducción.

Además, pidió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que conmine a todos los elementos que sólo cuentan con estudios de secundaria, para que continúen estudiando y se superen, pues el objetivo es que al término de la presente administración todos los elementos que forman parte de la plantilla laboral cuenten ya con estudios mínimos de bachillerato y de ser posible, licenciatura.

Finalizó con que una de las tareas del cuerpo policíaco a partir de ahora será garantizar el respeto de los derechos de la sociedad, pero también promover sus obligaciones constitucionales como ciudadanos, a fin de que eviten transgredir la ley y se conduzcan con apego a la legalidad.