A Martiniano “V” “O”, le llueve tupido en su milpita, pues esta vez se le relaciona con otro desfalco y de ello se dio a conocer que fue a través de la unidad especial encargada de la investigación del maxiproceso de la Estafa Siniestra, como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvo una nueva vinculación a proceso para una persona identificada con las iniciales M. V. O., quien anteriormente fungiera como oficial mayor de la administración estatal de Omar Fayad Meneses, por el delito de peculado agravado.
Así mismo, la dependencia encargada de procurar justicia en Hidalgo, establece que con base en la formulación de la imputación que el Ministerio Público planteó ayer, durante la audiencia inicial que comenzó a las 16:00 horas, M. V. O., como titular de la Oficialía Mayor durante la administración pública estatal comprendida entre 2016 y 2022, celebró el 16 de marzo de 2021 un contrato de prestación de servicios informáticos para la adquisición de un sistema denominado SIIVOA.
Además se dejó en claro, que dicho contrato que establece como dependencia solicitante a la Secretaría de la Contraloría, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones, fue formalizado con el proveedor con razón social AKTAION DIGITAL S.A. DE C.V., a quien se le realizó un pagó por la cantidad de 11 millones 998 mil 560 pesos.
Dinero que con base en las indagatorias de esta representación social, fue utilizado en beneficio de la empresa antes mencionada, en virtud de que no se realizó el concepto para el cual se firmó el contrato, sin que M. V. O., como oficial mayor, a pesar de haber contratado, diera el correspondiente seguimiento a la ejecución pertinente, eficaz y eficiente de esos recursos materiales.
Al concluir la audiencia inicial y con base en los datos de prueba de los que se allegó el Ministerio Público, un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso para el exfuncionario estatal, por peculado agravado, en agravio de la administración pública.
Finalmente, se reiteró que la autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.