En materia de seguridad existe una alta probabilidad de que se presuman los descensos de secuestro, extorsiones y robos; la recaptura del Chapo; los aseguramientos de drogas y armas
Mañana, el Presidente enviará su 4o Informe de Gobierno, que en teoría, debería ser un ejercicio de rendición de cuentas de las acciones emprendidas desde la administración pública federal. ¿Qué podemos esperar en esta ocasión del 4to Informe respecto a los resultados en materia de seguridad? Es un hecho que será fiel a la costumbre que ha caracterizado por décadas a nuestros gobiernos, que consiste en dar a conocer resultados halagüeños pues “lo bueno casi no se cuenta”.
En materia de seguridad existe una alta probabilidad de que se presuman los descensos de secuestro, extorsiones y robos; la recaptura del Chapo; los aseguramientos de drogas y armas; el desmantelamiento de grupos delincuenciales; la capacitación de las instituciones de seguridad; entre otros resultados de la Sedena, de la Semar y de la PF. Sin dudas, el Presidente enfatizará cómo el Estado cumplió en tiempo y forma la cita del 18 de junio de 2016, para la puesta en marcha del sistema de justicia penal acusatorio. Y destacará la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Poco se dirá de las fallas en el sistema penitenciario, o de las violaciones a derechos humanos de los casos emblemáticos como Ayotzinapa, Tanhuato, Nochixtlán. Dudo que explique la falta de resultados al disminuir la violencia en entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz. Podemos descartar la mención de los escasos recursos destinados a áreas clave de la procuración de justicia y de atención a víctimas del delito.
Dudo que existan datos que destacar en materia de combate a la corrupción y si el Presidente piensa destacar como logro de su gobierno el SNA, no debemos olvidar que su partido se opuso a diversos elementos de éste y que solamente gracias al gran trabajo de la sociedad civil y a un veto presidencial oportuno fue posible que el SNA se convirtiera en el primer paso en el combate a la corrupción.
En cuanto al secuestro, es importante decir que las cifras reportadas en el SESNSP no reflejan la cantidad total de casos, no sólo por la cifra negra, sino porque no se están registrando los supuestos contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. A pesar de lo anterior, es el delito que reportaría el mayor incremento respecto a 2015 de acuerdo con nuestros pronósticos.
Para la extorsión cabe destacar que las disminuciones registradas desde 2013 se pueden deber a cambios en los criterios de registro, lo que supone que la credibilidad y comparabilidad de la información esté en duda. Se presume un diferencial de la tasa nacional de 0.5 y 0.6 en 2014 y 2015, lo cual evidentemente aminora los porcentajes de reducción ampliamente citados por las autoridades.
Atribuirle la responsabilidad de cada carencia o falta de logros al Ejecutivo tampoco es exacto. Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha estancado, si no ha se cumplido con el respeto a los derechos humanos, también las autoridades locales y municipales han sido cómplices o directos responsables de ésto.
No obstante, a poco más de dos años del fin del mandato del presidente Peña, es momento de que se asuman las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia, de la implementación de la ley sin distingos. Es momento de que refrende su compromiso con políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de que se reajusten o eliminen las líneas de acción que no han funcionado y de verdad trabajar para que “lo bueno cuente mucho”, y no sólo en términos de narrativa o como estrategia de comunicación.
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