COMO TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL

Destaca detención de 23 de 122 objetivos prioritarios de delincuencia organizada y en 11 casos fomentó colaboración institucional
La salida del comisionado Enrique Galindo de la Policía Federal (PF) deja una corporación marcada por al menos cuatro hechos referentes a violaciones a derechos humanos ocurridos en los últimos dos años, entre ellos el de Tanhuato.
Entre las principales detenciones en donde Galindo intervino como comisionado están la de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, el matrimonio de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; de Gildardo López Astudillo “El Cabo Gil”, vinculado al mismo caso; además de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, hermano de “El Señor de los Cielos”.
Para atender la demanda ciudadana ante el cierre de vialidades o espacios públicos, se cuenta también la actuación del comisionado en la Autopista del Sol, en Acapulco, y del Zócalo capitalino, ocupado por integrantes de la CNTE.
El anuncio de ayer del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sucedió luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entregó su informe sobre los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, en el que acusó ejecuciones arbitrarias perpetradas por elementos de la Policía Federal en contra de 22 de los 42 civiles que resultaron muertos en el Rancho El Sol en mayo de 2015.
Además de las ejecuciones arbitrarias, la CNDH documentó torturas, uso indebido de la fuerza, demostraciones excesivas de fuerza por parte de los elementos federales, manipulación de evidencias, emisión de informes falsos, trato indigno a cadáveres e incluso que los efectivos quemaron vivo a uno de los civiles.
Según los primeros reportes, los elementos sostuvieron un enfrentamiento con un grupo armado supuestamente del “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG); sin embargo, el informe de la CNDH indicó que en realidad se trató de una emboscada, puesto que 41 elementos de la PF ingresaron al Rancho El Sol mientras los presuntos agresores estaban durmiendo.
Arribaron al lugar, como refuerzo, otros 54 elementos y un helicóptero artillado en el que viajaban cinco más; es decir, que en el operativo participaron en total 100 elementos.
El relato indica que a los tres detenidos por estos hechos se les torturó y fueron víctimas de tratos indignos y denigrantes.
Otro de los sucesos en los que se cuestionó el uso de la fuerza en la actuación de la PF fue el ocurrido el 19 de junio pasado en Nochixtlán, Oaxaca. Primero la CNS negó que en el desalojo contra maestros disidentes y simpatizantes hubiera utilizado armas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunció a través de redes sociales el uso de armas y diversas fotos y videos circularon en la red en los que se observaba a los elementos federales portando armas.
En el operativo hubo 21 policías federales heridos, tres de ellos por arma de fuego.
Enrique Galindo Ceballos reconoció ese mismo día que un grupo de agentes usaron sus armas luego de que se percataran de la participación de gente armada entre los manifestantes. El desalojo tuvo como saldo nueve muertos y más de 190 heridos.
En abril de este año circuló en redes sociales un video en el que se observa a elementos del Ejército y a una agente federal torturando a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, hechos ocurridos el 4 de febrero de 2015. Luego se informó que tanto la mujer como dos policías más que presenciaron la agresión fueron suspendidos.
La Secretaría de la Defensa y el comisionado ofrecieron disculpas por la agresión de sus elementos a la mujer, mientras que la Procuraduría General de la República obtuvo a través de un juez cinco órdenes de aprehensión contra los tres elementos de la PF y los dos del Ejército que aparecen en el video por el delito de tortura.
Otro hecho que provocó la intervención de la CNDH en la actuación de la policía fue el caso de Apatzingán, Michoacán, ocurrido el 6 de enero de 2015, que derivó en el señalamiento de uso desproporcionado de la fuerza por parte de elementos de la PF contra cinco autodefensas y la ejecución extrajudicial de otro más.