Un grupo de mujeres indígenas del norte de Guatemala exigieron este martes a un tribunal que se condene a los nueve ex militares acusados de masacrar a 25 miembros de sus familias en julio de 1982, durante el régimen del dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).

“Yo no vengo a mentir acá, mataron a mi hermana y mis sobrinos que no sabían nada, por eso yo he luchado por más de 25 años para que los crímenes cometidos no queden impunes”, declaró a EFE Paulina Ixpatá, familiar de las víctimas de una masacre cometida por un contingente militar en el caserío Rancho Bejuco, en el departamento (provincia) de Baja Verapaz, unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

Las palabras de Ixpatá tuvieron lugar en el Organismo Judicial del país centroamericano, previo a realizar una petición final ante el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, que se encuentra juzgando a los militares acusados.

Ixpatá, de 60 años, llegó al tribunal portando un retrato en blanco y negro de su hermana Sofía Ixpatá Alvarado, quien fue masacrada en 1982.

Los militares que enfrentan juicio por delitos contra los deberes de la humanidad son sindicados por el Ministerio Público (Fiscalía) de haber encerrado en una vivienda a 25 personas y lanzar explosivos hacia la estructura. Posteriormente, fueron enterradas en una fosa común.

Según la Fiscalía, las fuerzas armadas realizaron este acto porque los hombres de esta familia se habían negado a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza paramilitar compuesta por campesinos bajo el mando del Estado.

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), esta masacre cometida durante la dictadura de Ríos Montt ejemplifica “la persecución sistemática del Estado para eliminar a la población maya de la región”.

25 AÑOS BUSCANDO JUSTICIA

Ixpatá explicó a EFE que en 1997 denunciaron la masacre ante las autoridades y fue hasta en 2022 cuando los sospechosos de participar en el crimen fueron detenidos.