OPINIÓN

Es poco lo que se puede decir a partir de información confirmada sobre la salida de Carmen Aristegui y su equipo de Noticias MVS. Es mucho lo que se ha dicho, no obstante, en función de filias y fobias, de incógnitas difíciles de despejar y sospechas más o menos fundadas.

Estamos ante una historia, en cualquier caso, de enorme relevancia periodística, pero con respecto a la cual sobran especulaciones y falta periodismo; ante un conflicto, pues, que ofrece una imagen muy sintomática de los déficits democráticos, los sesgos ideológicos y la opacidad mediática que imperan en México.
Primero, porque el fin del programa de Aristegui representa el fin del principal espacio con el que contaba el periodismo de investigación en la actualidad. Un espacio crítico, reconocido, exigente, con sus errores y sus excesos, pero que, aún así, sobre todo gracias al trabajo de su Unidad de Investigaciones Especiales, supo desarrollar una agenda propia y ejercer como ningún otro el papel de “perro guardián” (watchdog) contra la corrupción y los abusos de poder. Su desaparición no es sólo una merma de la pluralidad sino una pérdida neta en términos informativos. El vacío que deja es otra herida más para una democracia ya de por sí malherida de sus pesos y contrapesos, en la que los medios de comunicación ejercen cada vez menos como cuarto poder y cada vez más como música de acompañamiento.
Segundo, porque justificar el despido de Aristegui y su equipo como un asunto “entre particulares”, de “gobierno corporativo” o “libre empresa” es defender una decisión arbitraria de los propietarios de MVS sin reparar en sus responsabilidades como concesionarios ni en su obligación de respetar los derechos tanto de sus audiencias como de sus trabajadores. En este sentido, vale la pena insistir en el argumento que ayer apuntaba José Roldán Xopa (véase “http://bit.ly/1xsd71b”): en la medida que la radiodifusión está definida constitucionalmente como un servicio público de interés general, “dentro del cual los particulares realizan sus fines económicos bajo condiciones reguladas”, su desempeño “concierne más a la democracia que al mercado”. Por mucho que se le pretenda despolitizar confinándolo a la esfera privada, este es un tema de evidente interés público.
Y tercero, porque el pleito entre MVS y Aristegui hace explícita la falta de transparencia que prevalece en la industria mediática. Y no me refiero sólo a la ya conocida cuestión del gasto en publicidad oficial; me refiero, además, al escaso conocimiento público que existe sobre la relación entre los periodistas y los medios. Porque en esta ocasión ambas partes han optado por llevar su pleito a campo abierto, ambas han insinuado públicamente aspectos de su trato cotidiano o de su vínculo profesional que pueden resultar perjudiciales para la otra, pero ninguna se ha mostrado dispuesta a lo fundamental, es decir, a dar a conocer el contrato que las une. ¿Cuáles son los términos y las condiciones, los derechos y las obligaciones, los costos y beneficios que dicho acuerdo asigna a cada una de las partes? ¿O es que acaso ese ya no es un tema de interés público?
Más allá de todos los pormenores que no se conocen, de qué tanto haya intervenido o no el gobierno y de lo que ocurra finalmente con la disputa entre Aristegui y MVS, el escándalo tendría que hacer sonar al menos tres alarmas. Porque la mexicana se ha convertido en una democracia con mucha prensa pero poco periodismo. Porque cuando se trata de los medios de comunicación la lógica del mercado en ocasiones es contraria al interés público. Y porque no se puede predicar la transparencia desde la opacidad.
Twitter: @carlosbravoreg