Por el derecho a existir
Las acciones afirmativas y las sentencias de los diversos tribunales son el campo fértil para los avances en materia de derechos políticos y electorales de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Frente a un proceso electoral que se avecina, es importante señalar los avances en cuanto a la representación descriptiva, entendida como los porcentajes de incorporación en las diversas tribunas, por poner un ejemplo, en la Legislatura local de 2018, tres mujeres indígenas fueron electas y para 2021 se incrementó el porcentaje de representación a cinco diputaciones de personas adscritas indígenas.
Lo interesante es que estas acciones pasen del número a las agendas públicas y por ende a la consolidación de legislaciones y en el caso de los ayuntamientos de políticas públicas que reviertan las condiciones de desigualdad, desde los parámetros culturalmente adecuados.
Si bien, en el caso de la paridad se dice que “cuerpo de mujer, no garantiza”, se aspira a que la representación política de las diversidades ayude a generar mejores condiciones a través de eliminar las barreras estructurales, así como los lastres sociales de discriminación, racismo, machismo y todos los ismos que laceran la vida y la dignidad de las personas.
Por ello, las autoridades como el INE y, en el caso local, el Instituto Estatal Electoral, valoran con base en las leyes las medidas en favor de una democracia inclusiva, esta que apuesta por hacer efectiva la “República representativa”, misma que procura una pluralidad en el ejercicio del poder, en el que se encuentren los consensos y disensos desde la polifonía de voces y formas distintas de entender y ver el México e Hidalgo.
Si bien, la historia política y la configuración del sistema político mexicano se ha dado a través de la corporativización, es un buen momento para ampliar y re pensar la distribución del poder. En el que por supuesto, se aumentará el margen del imaginario de hombre – blanco – privilegiado, para abrir el abanico a personas con discapacidad, personas indígenas, personas de la diversidad sexual y por supuesto en condiciones de paridad.
Esto por supuesto, representa un reto en términos de evitar fraudes a la ley y también de eliminar toda posibilidad de suplantaciones de identidad, porque en tiempos electorales la simulación es altamente dañina.