Asambleístas de Tepeapulco, interponen denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en contra de la alcaldesa Marisol Ortega López, por el “Uso ilícito de atribuciones y facultades”, del Código Penal Federal.
Lo anterior, bajo el número de carpeta “NUC: 12-2023-07797”, por la compra y donación de un terreno, sin tener mayoría calificada, como lo marca la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el cual es derivado en el delito mencionado del en el artículo 217 del Código Penal Federal.
Al respecto, los ediles Martina Elvia García Arteaga, en su carácter de Síndico Jurídico, Oscar Pérez Espinoza, María Guadalupe Gabriela Miranda Pallares, Marcelino Pérez Ramírez y Patricia González López, quienes presentaron la denuncia, señalaron que en la Septuagésima Octava Sesión Extraordinaria, celebrada el pasado 10 de abril del año en curso, la alcaldesa solicitó la votación para poder autorizar la compra de un predio y después cederlo a la Secretaría del Bienestar, para la construcción de un Banco del Bienestar.
Mencionaron que durante la sesión, Ortega López detalló que el terreno de 600 metros cuadrados, ubicado en la avenida 18 de marzo, era propiedad de Socorro Barrios, familiar directo del regidor Lino Antonio Barrios Islas, quien se vio favorecido con esta compra.
En la denuncia presentada ante la FGJH, los asambleístas asentaron que el precio del mencionado predio es de tres millones de pesos, y que cada metro cuadrado salió en cinco mil pesos, por lo que se inconformaron ante esta compra que benefició directamente al edil Barrios Islas.
Asimismo, los quejosos puntualizaron que la carpeta ya se encuentra judicializada ante el Ministerio Público, y éste solicitó al Juez Penal, cite a la alcaldesa Marisol Ortega López, a la audiencia inicial para formular la imputación debida y que su proceso pase a ser penal, como lo marca la Ley.
También señalaron que durante la sesión extraordinaria, la votación para la autorización de la compra del predio resultó en nueve votos a favor y nueve en contra, por lo que no hubo la mayoría calificada, para poder llevar a cabo esta compra y ceder el predio a la Secretaría de Bienestar, para la construcción del Banco de Bienestar, como lo marca ley; sin embargo, decidió realizar la transacción.