Venezuela, y especialmente Caracas, se ha convertido en un polvorín donde impera la ley del plomo. La extendida impunidad, que deja 92 de cada cien homicidios sin resolver, es el principal incentivo de los criminales.

Bajo ese contexto, el país podría decidir su futuro en los próximos meses si finalmente la oposición logra reunir las firmas necesarias para celebrar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Su Gobierno no sólo no ha rebajado los índices de criminalidad, sino que sus políticas económicas, que tanta escasez y miseria están provocando, se han convertido en el combustible que alimenta nuevos episodios de violencia.

Además de las muertes por delincuencia, en el país hay miedo a que se reproduzcan episodios de violencia política como los registrados en 2014 a raíz de una serie de protestas contra el Gobierno de Maduro. Se iniciaron en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, y el 12 de febrero en la capital, Caracas, como consecuencia de la delincuencia, alta inflación y escasez de productos básicos.