- Piden que se cuente con un enfoque de derechos humanos y aceptan que la migración infantil es el gran reto a vencer
“Es fundamental que la política migratoria del Estado Mexicano tenga un enfoque de derechos humanos y que se ponga especial énfasis en atender a la niñez migrante”, señaló Juan Manuel Batres Campos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Hidalgo.
A nivel nacional, la COPARMEX ha levantado la voz para plantear que es fundamental que las autoridades hagan su labor y que lo dispuesto en la Ley de Migración se cumpla para que la gestión de los flujos migratorios se aborde desde un enfoque de derechos humanos y no de persecución contra las personas.
“Debemos recordar que nuestro país ha firmado compromisos internacionales en materia de migración y asilo, particularmente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que hace un llamado a respetar, proteger y hacer realidad todos los derechos humanos de las personas migrantes, a través del establecimiento de medidas como proteger el derecho a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente”.
Batres Campos señaló que datos del Informe sobre Migraciones en el Mundo 2022 indican que México es el segundo país destino de migrantes y el corredor entre nuestro país y Estados Unidos es el más grande del mundo, lo cual demuestra que nos hemos convertido en un Estado de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, lo que exige una política integral que atienda este fenómeno social.
Planteó que esta problemática alcanza a los menores, pues de acuerdo con datos oficiales del gobierno federal, en 2022 se detectaron 18 mil 300 niñas, niños y adolescentes extranjeros de países centroamericanos que se encontraban en nuestro país, la mayoría de los cuales huyen de contextos de violencia y pobreza.
“Tenemos el dato que del 1 de enero al 24 de marzo, el Instituto Nacional de Migración
detuvo a 34 mil 489 niñas y niños migrantes, de los cuales 2 mil 429 viajaban solos, lo que representa un enorme reto para el Estado mexicano, pues la prioridad debe ser buscar alternativas a la detención de esta población vulnerable, entre las que se encuentra el modelo desarrollado por UNICEF para el cuidado de los infantes”.
