¿Qué ciudadanos queremos para el siglo XXI?
La reforma educativa es la gran apuesta por el futuro del país. De lograr sus objetivos permitirá un crecimiento sustentable, una mejor calidad de vida y combatir de fondo los grandes males nacionales: la inequidad, la impunidad y la ignorancia.
Hasta ahora, las políticas públicas derivadas de la reforma se han concentrado en la evaluación para a través de ella, mejorar el desempeño de las y los maestros, y asegurarles un proyecto de vida a través de una carrera magisterial basada en el conocimiento, el mérito y el trabajo, no en el clientelismo o los privilegios.
La otra pieza central de la reforma tiene que ver con las modificaciones al contenido sustantivo, la orientación valorativa y la visión estratégica de la educación. En breve: el qué, el para qué, y el cómo de la educación nacional. Esto es lo que contiene el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria que presentó la SEP el pasado 20 de julio (los documentos completos en www.gob.mx/modeloeducativo2016/).
El modelo propuesto por la SEP, resultado mismo de un largo proceso, tiene virtudes innegables. Fundado en el artículo 3 de la Constitución, se articula sobre cinco ejes: la escuela, los contenidos, los maestros, la inclusión y la equidad, así como la gobernanza del sistema educativo. Por su parte, el modelo pedagógico busca generar aprendizajes claros (lenguaje y comunicación, pensamiento lógico y matemático, y comprensión del mundo natural y social), desarrollo personal (que incluye actividades artísticas, deportivas y culturales, así como habilidades socioemocionales) y autonomía curricular.
Resulta imposible comentar aquí las diferentes dimensiones de la propuesta. Destaco sólo algunas características que me parecen especialmente relevantes. La primera, que explicita los valores y habilidades de los ciudadanos que queremos formar, enfatizando su capacidad analítica y crítica. Segundo, es un modelo que busca desarrollar habilidades (cognitivas y no cognitivas) que permitan a los alumnos a aprender a aprender, cualidad esencial para la sociedad del conocimiento. Tercera, que se articula alrededor de la escuela a la cual se le dota de mayor autonomía de gestión, así como de los recursos e infraestructura suficiente para que pueda ser el espacio donde se concrete el proceso educativo. Finalmente, que a contracorriente de las tendencias centralizadoras, el modelo a través de la autonomía curricular permite que cada escuela tenga espacios para decidir contenidos específicos que respondan a su realidad. Esta autonomía permite reconocer y procesar las diferencias y la diversidad de la Nación.
El modelo educativo contiene el germen de la sociedad a la que aspiramos. Por ello, tiene que ser el resultado de un amplio debate que permita incorporar la pluralidad de nuestra sociedad, así como de todos y cada uno los agentes y organizaciones que intervienen en la operación del Sistema Educativo Nacional. El modelo no puede ser monopolio de nadie, sino un bien colectivo, producto del diálogo y una visión compartida del país en el siglo XXI.
Inicia ahora un proceso de consulta para que el modelo sea conocido y discutido en todas las escuelas del país y en un conjunto de foros especializados. El CIDE acompañará técnicamente este proceso y producirá un documento que tendrá dos propósitos centrales: el primero, dar cabal cuenta de las aportaciones recibidas; y el segundo, sistematizar la información para facilitar la toma de decisiones, tarea que corresponderá a la SEP.
Ojalá el debate político sea capaz de entender la importancia del modelo educativo, y permita una consulta abierta, plural, amplia y de buena fe. Nos jugamos en ella el futuro de nuestros hijos y del país.
