Policías estatales desalojaron a decenas de familias que habitaban irregularmente el predio El Risco, ubicado en la zona oriente de este municipio; fue detenida Arisbel Carrillo Sánchez, una de las líderes de los colonos.
Fuentes locales informaron que el operativo, para cumplir una orden de expropiación, inició a las 05:30 horas del viernes y participaron alrededor de dos mil policías estatales, quienes desalojaron a familias asentadas irregularmente en el lugar.
El predio El Risco, de 57 hectáreas, fue invadido en octubre del 2011 y los terrenos presuntamente fueron vendidos a personas de escasos recursos económicos por Adela Carrillo Sánchez, quien fue asesinada junto con su pareja el 9 de marzo del 2015 en el citado predio.
El terreno es propiedad de la empresa Ara, quien proyectaba la construcción en el sitio de un desarrollo habitacional, aunque Adela Carrillo Sánchez afirmó entonces que el terreno fue vendido a la Asociación Civil Parte Alta San Isidro.
Personas que compraron terrenos en el sitio y posteriormente fueron desalojadas del lugar iniciaron denuncias ante la Procuraduría de Justicia (PGJ) de la entidad por fraude y otros delitos, aunque las autoridades avanzaron lentamente en las investigaciones.
Autoridades locales detallaron que cerca de unas 800 personas ocupaban el predio El Risco, donde fueron construidas aproximadamente 360 viviendas, muchas de ellas con materiales sólidos, como concreto.
Afirmaron que en el desalojo participaron 20 Ministerios Públicos, encabezados por el fiscal de Tlalnepantla, Gerardo Ángeles Enríquez, así como cuatro Notarios Públicos y representantes del gobierno estatal.
Así mismo mencionaron que existe una orden de expropiación de 15 hectáreas por parte del gobierno del estado de México, la cual fue cumplimentada.
Habitantes de El Risco se negaban a salir de sus casas, aunque personal con maquinaria pesada empezó la demolición de las viviendas.
La policía estatal acordonó la zona e implementó bloqueos en las principales avenidas que conducen al lugar, como Pichardo Pagaza y San José, Cerro de la Estrella y Cerro de las Cruces.
Los colonos afectados aseguraron que se trata de un desalojo ilegal y pidieron ayuda para no ser despojados de sus propiedades.