El informe ha documenta 17 casos de estudiantes, activistas políticos o simples manifestantes que desaparecieron sin dejar rastro, entre ellos cinco menores de edad.

Muy cerca de la emblemática plaza Tahrir, donde hace cinco años estalló la revuelta que derribó a Mubarak, en los calabazos de la Agencia Nacional de Seguridad del Ministerio del Interior situados en la rotonda de Lazoughly de El Cairo, los muros y el bullicio del tránsito acallan el eco de los lamentos.

Cientos de disidentes políticos egipcios permanecen detenidos, sin que sus familiares conozcan su paradero, en esta y otras cárceles secretas de Egipto donde son torturados sistemáticamente. Sus familiares les dan dado por desaparecidos durante periodos de hasta siete meses hasta que comparecen ante la justicia para ser condenados con confesiones arrancadas bajo tormento.

En su último informe sobre el país árabe más poblado, Oficialmente no existes: Desaparición y tortura en nombre de la lucha antiterrorista, Amnistía Internacional denuncia el “aumento sin precedentes” de las llamadas desapariciones forzadas en Egipto desde comienzos de 2015, coincidiendo con el nombramiento como ministro del Interior de Magdi Abdelgafar, responsable de la represión en la última etapa de la dictadura de Mubarak.

“Las desapariciones forzadas se han convertido en un instrumento clave de la política estatal en Egipto. Cualquier persona que se atreva hablar corre peligro”, advierte Philip Luther, director de Amnistía para Oriente Próximo y el Norte de África en un comunicado distribuido este miércoles en la página web de la organización humanitaria.