Terraza

Lo sucedido en el proceso electoral del pasado 5 de junio, parece que volvió a ser letra muerta cuando sabemos que la ciudadanía pidió con su voto, terminar con la corrupción de una vez por todas.
¿Y qué pasó? Nada; cuando los diputados y senadores de todos los partidos tenían la oportunidad de acusar recibo de enterados y contestarle a la ciudadanía con hechos, no pasó nada. Me refiero a la Ley anti corrupción recién votada.
Hay dos capítulos desde mi punto de vista que son centrales y que hay que analizar a fondo por las repercusiones que pueden llegar a tener: por un lado, la creación de la Fiscalía Anticorrupción y la famosa Ley 3 de 3.
Por supuesto que la Fiscalía debe tener amplios márgenes de autonomía legal, judicial y presupuestal; pero debe ser también como proponen varios juristas, un órgano dependiente de la nueva Fiscalía General de la República. Resulta de vital importancia poner algunos equilibrios para evitar autoritarismos.
Llama mucho la atención el voto que se dio en el senado, 51 votaron en hacer públicas las declaraciones patrimoniales y 59 votaron por la negativa de hacerlas públicas. Hoy, el razonamiento de la ciudadanía es que aquellos que votaron en contra, aunque no todos, son interpretados como que quieren seguir protegiendo el avance de la corrupción que tanto daño hace al país.
Los ciudadanos que respaldaron la iniciativa, sienten que fueron despreciados por la clase política y una muestra de que los políticos no entienden que el reclamo contra el enriquecimiento inexplicable, malos manejos de los dineros públicos o desviación simplemente de estos, es el rechazo ciudadano al sistema de privilegios que los protege.
La negativa del voto desestima de modo alguno los avances para construir un Sistema Anticorrupción fuerte que tenga dientes para poder castigar.
Mientras la información personal de ciudadanos mexicanos es cada vez más pública e incluso se comparte con autoridades fiscales y financieras de otros países, los legisladores rehúyen presentar datos a través de la Ley 3 de 3.
Con la entrada en vigor de nuevas disposiciones, la información de cuentas y movimientos financieros de los mexicanos están bajo escrutinio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Hacienda y de otros países.
Hoy con la entrada en vigor de la factura y contabilidad electrónica, el SAT conoce en tiempo real las actividades económicas de los ciudadanos, personas físicas o morales.
A través de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) por sus siglas en inglés, el gobierno conoce las cuentas bancarias en Estados Unidos de ciudadanos mexicanos, las ganancias que han tenido por esas inversiones y los movimientos financieros que han realizado.
Con la información obtenida por FATCA, el SAT tengo entendido iniciará en breve auditorías a los contribuyentes con inversiones en Estados Unidos y que no hayan pagado correctamente sus impuestos.
Ahora bien, con todos estos controles, los senadores rechazaron dar a conocer sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses.
Hay  que recordar que hace tres meses una iniciativa ciudadana fue presentada al senado. Esta iniciativa fue creada por organizaciones civiles y grupos académicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se plantea una serie de herramientas y se dan los suficientes argumentos y plantean dar lugar a pesos y contrapesos precisamente para evitar las causas que alimentan la corrupción en el país. Justamente uno de esos elementos consistía en que todos los representantes populares presentaran sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses pero que además las hicieran públicas.
Transparentar al máximo la 3 de 3 era la oportunidad para demostrar el deseo y la voluntad de cambio y el Senado la dejó ir. Esperemos que con la aprobación cuando menos de otras leyes haya avances.
Comienza una nueva etapa, no de manera perfecta pero habrá cuando menos una vigilancia pública que cuide las manos y bolsillos de los malos funcionarios.