Análisis de J.M. Ahrens
●    Las elecciones mexicanas abren las puertas a una ofensiva judicial contra los gobernadores derrotados

México vive al contragolpe. La derrota del PRI del 5 de junio puso en manos del PAN una formidable maquinaria de poder. En juego estaban 12 gubernaturas. Poca cosa vista desde el telescopio global. Pero un inmenso caudal sobre el terrero. En México los estados son fuente de financiación política clave, amén de un potente surtidor del voto cautivo. Su control ha sido durante décadas motivo de las más obscenas luchas políticas. Esta vez no lo fueron menos.
Veracruz lo resume bien. Tercer estado más poblado de México, la batalla electoral se libró en el fango. El punto de partida no podía ser más polémico. El gobernador priísta Javier Duarte sumió al territorio en una vertiginosa noche de violencia e impunidad.  Durante su mandato los zetas ampliaron su régimen de terror, 18 periodistas fueron asesinados ante la indiferencia estatal y los escándalos de corrupción no dejaron de crecer.
El hartazgo de la población parecía asegurar la alternancia. La misma élite priísta, volcada últimamente en iniciativas como la defensa del matrimonio homosexual o la legalización del cannabis terapéutico, expresaba en privado su desesperación con Duarte. Pero el pánico ante la pérdida de poder en un enclave donde jamás se había registrado alternancia selló conductos nasales.
El candidato Héctor Yunes, del PRI, competía con su primo Miguel Ángel Yunes, de la coalición PAN-PRD. Ataques personales, insultos, denuncias. La temperatura del enfrentamiento alcanzó su cumbre, cuando el aspirante panista fue acusado de pederastia. La bomba logró recortar distancias. Pero no batir al competidor. El 5 de junio, Miguel Ángel Yunes se proclamó vencedor. Al poco de confirmarse su triunfo era un hombre que en la nube de su gloria, exigía venganza. “Me han atacado a mí, a mi familia y a mis hijos. Duarte acabará en la cárcel”.
El caso de Yunes es una muestra del cambio climático experimentado en México. En otros estados, como Quintana Roo y Chihuahua, las elecciones también van a derivar en acciones judiciales contra los antecesores priístas. El pulso está asegurado. Y posiblemente también la erosión política del PRI. La campaña, lejos de cerrarse el 5 de junio, seguirá por otros derroteros. El péndulo está cambiando de signo.