Entre líneas
Un justibus, juzgados de género (justicia indígena y grupos vulnerables), la adecuación del Código Penal Estatal, la creación del Instituto de Asesoría Jurídica Pública, la Secretaría de la Mujer y la operación de organismos y funcionarios establecidos y no ejecutados, sería un buen comienzo para la nueva gubernatura. He aquí una propuesta decorosa -de juzgadora a Gobernante- que, indefectiblemente favorece la dignidad humana y el acceso a la justicia para todas las personas en territorio hidalguense, especialmente quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Partiendo del derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional, y el principio de mayor beneficio, incorporado tras la reforma en materia de justicia cotidiana (relativa a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Mexicana) que implica privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a las autoridades judiciales o con atribuciones materialmente jurisdiccionales sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes, dicho en otras palabras, dar justicia pronta y expedita -además de completa e imparcial-.
Justibus. Como una buena práctica para la prestación de servicios de acceso al derecho y la justicia, tanto en Europa (Francia) como en América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú) se ha implementado la provisión de un servicio móvil que garantiza acceder al servicio de justicia a las personas más alejadas de los tribunales o de escasos recursos económicos, lo cual implica disminuir la exclusión y la discriminación de los grupos vulnerables. Se trata de un autobús (justibus) con paradas fijas a horas determinadas en ciertos lugares, para brindar asistencia jurídica a quienes lo soliciten.
Juzgados de género. En países como España, Argentina, incluso en territorio mexicano como el Estado de Querétaro, la instauración de juzgados especializados en violencia contra la mujer y grupos vulnerables (indígenas, adultos mayores, menores de edad, de diversidad sexual, etc.), permiten sustanciar los asuntos que impliquen violencia contra la mujer o contra alguna persona en situación de vulnerabilidad, favoreciendo la concentración y agilidad de los procesos en que las mismas partes estén involucradas en asuntos de índole familiar y penal, por ejemplo.
Secretaría de la Mujer. En algunos otros estados de la República Mexicana (Chiapas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Zacatecas) la cara de la administración pública estatal que evidencia el rango de prioridad en la atención de los derechos humanos de las mujeres es la Secretaría de la Mujer, cuya función específica es garantizar y hacer efectivos tales derechos como parte fundamental de la administración pública centralizada.
Organismos y funcionarios establecidos y no ejecutados. El Instituto de Asesoría Jurídica Pública y los Asesores Jurídicos Estatales (Victimológicos) que coloquen en igualdad procesal a las personas afectadas de sus derechos en los procesos penales con las personas imputadas y sus defensores públicos gratuitos; el Centro Estatal de Protección a Personas (testigos y víctimas de delitos) que brinde seguridad y protección a quienes pueden verse en riesgo al intervenir en el procedimiento penal, Traductores e Intérpretes, que tanto en lenguas indígenas como en lenguaje de señas, permitan el cabal entendimiento de los procedimientos jurídicos a quienes se encuentran en alguno de estos grupos vulnerables.
Reforma al Código Penal del Estado. La compatibilidad de las normas procesales penales a nivel nacional requiere de la actualización y armonía del derecho penal sustantivo, así, el Estado de Hidalgo en temas como la prescripción y otros, quedó desfasado y anacrónico, generando incertidumbre jurídica a los justiciables ante la diversidad de interpretaciones dadas, por lo que resulta necesaria la propuesta por demás decorosa del representante del Poder Ejecutivo Estatal al órgano Legislativo.
Así, “juntos y con esperanza” es posible hacer una nueva historia en el estado de derecho de Hidalgo.