La diputada local de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Citlali Jaramillo Ramírez y su compañero de bancada, Juan de Dios Pontigo Loyola,  propusieron sanciones más severas para las personas que hagan uso indebido del agua a través de tomas clandestinas, ya que aseguraron que el problema se ha incrementado en los últimos meses.

Jaramillo Ramírez, argumentó que de acuerdo con la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) “se tiene un registro de 280 mil tomas, de igual manera estima que la cifra de tomas clandestinas conectadas  a su red de agua potable supera ya las 40 mil”. 

Por lo anterior, explicó: “esta reforma propone que las personas que utilicen los servicios públicos de manera clandestina deberán pagar las tarifas que correspondan a dichos servicio públicos y además, se harán acreedores a las sanciones administrativas que se señalan en esta Ley y en su caso, a las sanciones penales relativas”.

Y agregó: “detectado un servicio clandestino, el prestador del servicio correspondiente procederá de inmediato a suspender el servicio desde la red de distribución y a notificar al propietario o poseedor del inmueble respecto de los requisitos que debe cumplir, así como la multa correspondiente, independientemente de la denuncia penal por el delito de robo de fluidos y los que le resulten”.

Por su parte, Pontigo Loyola, enfatizó: “el marco normativo bajo el cual se establece el derecho al agua y su protección establece las pautas legales para que en conjunto los tres órdenes de gobierno puedan generar la acciones, estrategias, proyectos y políticas en favor de la población, pero también en favor del uso sustentable y sostenible del recurso hídrico”.