Severos cuestionamientos de actores políticos se hicieron al alcalde Jaime Allende González, durante la reunión del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (Copladem), entre las interrogantes estuvo el por qué tienen tantos elementos para su seguridad y la de su familia, cuando dice que Tula es una Comunidad Segura.

El ex alcalde José Guadalupe Rodríguez Cruz dijo que le parecía extraño que en una evaluación de obras y acciones, se viera a la mayoría de los funcionarios del municipio y no a la mayoría de la ciudadanía, por lo que no se tienen la validez que debiera ser.

Señaló su preocupación por la actitud que han tomado muchos de los funcionarios, encabezados por el alcalde Jaime Allende, del mal papel que vienen haciendo y que no sean capaces de asumir los compromisos que se hacen en una campaña, “lamentable que no exista un compromiso con la sociedad y no se actúe de cara al pueblo y por el contrario, la administración busque sólo el beneficio personal”.

Posteriormente, la jovencita Guadalupe Mote solicitó una auditoría ciudadana al gobierno municipal de Jaime Allende González, además pidió conocer la nómina. Igualmente preguntó por qué existen tantas vacantes de uniformados cuando la problemática de inseguridad es grave en el municipio.

Por su parte, el empresario Noé Paredes Meza solicitó la intervención del titular de Planeación, para que el alcalde le entregue la información pública solicitada vía el área de Transparencia para poder formar un criterio sobre si el edil ha sido eficiente o no lo ha sido, si ha sido transparente o no lo ha sido, al tiempo que entregó al procurador, Alejandro Straffón, un folder con la documentación de las denuncias que ha interpuesto por negarle el edil el acceso a la información pública y que debe estar al alcance de cualquier ciudadano.

Paredes Meza pidió al procurador que se haga respetar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Agregó que ha interpuesto un amparo y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y que la información de su petición la hizo llegar también  al Congreso del estado y al síndico hacendario, Javier Arana, que se supone es el responsable de informar a la ciudadanía del estado de las finanzas públicas.

Cuestionó también en qué se aplicó el recurso para la compra de aditamentos y equipo  para la seguridad y la capacitación a los uniformados; también  preguntó: “por qué el alcalde y su familia tienen 10 elementos asignados a su seguridad cuando dice que Tula es una Comunidad Segura, lo que resulta una incongruencia”.

Además, pidió que cuando se realicen las autorías se le permita a la sociedad civil participar para revisar las cuentas.

Otro de los que hizo uso de la palabra fue el ex alcalde Noé Paredes Salazar, quien también pidió una explicación del excesivo consumo de combustible y por qué tantas patrullas descompuestas en el taller y reiteró la exigencia a la auditoría. Aprovechó para cuestionar qué se ha hecho con los más de 40 millones de pesos que han llegado al municipio durante la administración, para el tema de seguridad pública del programa federal antes conocido como Subsemun hoy Fortaseg.

Por último, el ex alcalde dijo que conjuntado el Fortaseg y el Pronapec se han ejecutado cerca de 100 millones de pesos de los cuales la ciudadanía desea saber en qué se gastaron y para concluir, lamentó que exista gente que defienda lo indefendible por interés personales, más que importarles la grave situación que prevalece en el municipio de Tula.