A fines de febrero, el Ejecutivo envió al Senado mexicano una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que, en caso de ser aprobada, permitiría que en circunstancias particulares y para propósitos concretos, agentes extranjeros acreditados en México puedan portar armas. Predeciblemente, la reacción adversa en algunos sectores de opinión pública y de medios no se hizo esperar.

Escuchamos desde argumentos sin sustento de una supuesta violación estadounidense a la soberanía —cuando es el gobierno mexicano el que por interés propio ha tomado esta decisión— hasta cuestionamientos válidos en razón de los antecedentes que en 1992 llevaron a la imposición de la prohibición de portación de armas por parte de agentes de otros países. El debate debería centrarse en tres premisas. Primero, ésta es una decisión que compete a México y que se origina en México. Segundo, es una decisión que tendrá un impacto notable para el comercio con Estados Unidos y, eventualmente, para los flujos de turismo de ese país. Tercero, el mundo no es estático ni inmutable, como tampoco lo es la relación bilateral con EU.

Me explico. Desde el sexenio anterior, México ha venido trabajando con EU en la búsqueda de medidas que detonen mayores flujos comerciales y abonen a lo que ha sido una de las grandes historias de éxito del TLCAN: plataformas integradas de proveeduría y producción en Norteamérica. El modelo maquilador que caracterizó los primeros años del TLCAN ha dado paso a uno en el cual ahora los productos cruzan nuestras fronteras múltiples veces, cada una agregando valor al producto final. Ello explica, por ejemplo, por qué de cada $1 de exportación de mercancías mexicanas, 0.42 centavos son de insumos estadounidenses. Ya no estamos exportando productos mexicanos o estadounidenses; son productos norteamericanos. Es así que hoy México y EU comerciamos $1.4 mil millones de dólares al día, que Norteamérica haya intercambiado más de $1 billón de dólares en 2014, o que la industria automotriz mexicana esté en auge. Pero tampoco es un secreto que una de las secuelas para la relación bilateral de los ataques terroristas de 2001 en EU es la tensión que existe entre cómo conciliar la seguridad con la prosperidad mutuas. Es en este contexto que hace varios años México identificó con EU un mecanismo que podría ayudar a facilitar el comercio hacia ese país: la preinspección de mercancías en territorio nacional. Para ello, se requeriría que agentes aduaneros estadounidenses, en suelo mexicano, pudiesen inspeccionar y certificar carga con destino a EU. Ello permitiría que una vez en la frontera, esa mercancía pase al otro lado de manera expedita, sin tener que estar sujeta a revisión ahí, evitando los cuellos de botella que hoy provoca la deficiente infraestructura fronteriza mexicana y estadounidense. Es ésta la razón por la cual México, desde el sexenio pasado, ha buscado resolver de manera constructiva e imaginativa la manera en que agentes aduanales de EU puedan estar adscritos en territorio mexicano, en recintos controlados por el gobierno mexicano, y desempeñar ahí —y sólo ahí— estas funciones. Este esquema además sería el que podría llegar a aplicarse en algunos aeropuertos mexicanos para que se instalasen, como en Canadá, puntos de revisión aduanero y migratorio estadounidense que agilizarían el ingreso de viajeros mexicanos a EU y que permitirían que desde ciudades estadounidenses, que hoy no cuentan con operaciones internacionales, pudiesen viajar a México más turistas estadounidenses, ampliando las rutas áreas que vinculan a EU con destinos mexicanos.

Parafraseando libremente a José Ortega y Gasset, la instrumentación de políticas públicas debe estar determinada por su circunstancia. No cabe duda que en las postrimerías del secuestro de Humberto Alvarez Machaín por cazafortunas estadounidenses, las reglas impuestas a agentes extranjeros tuvieron, en ese momento y circunstancia, una razón de ser y se enmarcaban en la respuesta contundente que el Estado mexicano debía dar a una clara violación del derecho internacional y a los acuerdos bilaterales vigentes. Pero la relación con EU ha cambiado sustancialmente desde entonces. Si bien persisten retos y la agenda siempre será compleja por la asimetría de poder que existe entre ambas naciones, ya no somos los “vecinos distantes” que describió Alan Riding en su libro seminal de 1984. La decisión del gobierno mexicano, no sólo ayudaría a seguir poniendo al día nuestro andamiaje bilateral, sino que facilitaría el crecimiento económico y detonaría empleos mexicanos vía un incremento notable de nuestras exportaciones y del turismo extranjero.

Twitter: @Arturo_Sarukhan