El rechazo del Instituto Electoral al registro de un importante número de planillas que contenderían en la elección de ayuntamientos es, desde el ángulo que quiera verse, el aspecto que más será recordado del actual e inédito proceso electoral.
Justificada nada menos que en las acciones afirmativas, castiga a quienes están en todo su derecho de contender por un cargo de elección popular. Tema espinoso que tal vez aterrice en algún tribunal electoral, pues el Consejo General tomó la determinación con todo rigor en un asunto donde cabe la subjetividad en la interpretación. Aspecto por el que comienza a ser visto como gran elector y testaferro del gobernador en turno entre un importante sector de la población.
Y no es para menos cuando el propio comunicado (00055 del 23 de abril) en que se da a conocer públicamente el asunto es confuso. En el caso del PAN, el más afectado, “… restaban 52 planillas que cumpliendo con los requisitos debían ser analizadas con base en los criterios de paridad… (otorgando, mediante sorteo) el registro de 37 planillas; 19 (51.4%) encabezadas por hombres y 18 (48.6%) por mujeres…”. Es decir, si el artículo 119 del Código Electoral que establece que el 50% de planillas debe ser encabezado por un género y el resto por el otro, el criterio de paridad no se cumple estrictamente en la determinación.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya le corrigió la plana al Instituto Estatal Electoral, al declarar inconstitucional la obligación impuesta al aspirante a la candidatura independiente de Tulancingo, Andrés Ocádiz Ibarra, de capturar en el sistema electrónico las cédulas de apoyo ciudadano. Se trata de un asunto menor que hace plantearse la siguiente interrogante: ¿Son más papistas que el papa por el excesivo rigor, o les falta pericia en la interpretación jurídica?
Cada quien sacará sus propias conclusiones, pero lo cierto es que la situación está causando gran rechazo y es útil para quienes gustan de los ríos revueltos y la victimización. Pero sobre todo abona para restarle credibilidad al proceso mismo. ¿De eso se trata?
Salta a la vista que las omisiones de los propios partidos son una suerte de harakiri político, que no sólo pone en duda su trabajo colegiado como institutos políticos, sino que además da pie al “sospechosismo”. ¿Hay en los partidos fuego amigo, o se trata de una estrategia intencional para allanar caminos a las coaliciones de facto, a los candidatos de otro partido, o algún candidato independiente? ¿Por qué arriesgarse al sorteo realizado por el árbitro electoral, cuando bien pudieron elegir cuales planillas eliminar para cumplir con el criterio de género? ¿Es casual que entre las planillas eliminadas se encuentren las de municipios importantes como Mineral de la Reforma, Huejutla y Tulancingo?
Puede suponerse o no que hay duda razonable sobre la limpieza del proceso. Sin embargo, dado que “mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes”, lo cierto es que la prospectiva no sugiere el mejor escenario para el 5 de junio próximo.
