TERRAZA
Estimados lectores, como todos sabemos, la semana pasada la Comisión Especial para dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, se reunió con el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Esta reunión fue convocada por los legisladores y a uno de ellos, Cristina Gaytán Hernández le tocó dar a conocer que el Lic. Jesús Murillo había pedido que fuera una reunión privada.
Hay que entender este asunto en el que no debe haber ganadores ni perdedores, simplemente, la opinión pública tiene derecho a conocer la verdad jurídica legal y no la mediática. Murillo ratificó lo que ha dicho a través del tiempo, en diferentes reuniones anteriores, sin moverse un ápice y apuntaló esto con el resultado del tercer peritaje.
Por su parte el grupo Interdisciplinario perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que no colaborará más con la PGR en el peritaje en el basurero de Cocula, argumentando que este fue unilateral y con una postura contraria a la de los expertos y que había una ruptura de confianza. No cabe duda que estos señores saben muy bien su cuento y saben cómo ser noticia con medias verdades.
Mientras tanto, el caso Ayotzinapa ha tardado más de 18 meses de atención nacional e internacional. La desaparición de 43 estudiantes, en la que estuvieron involucrados autoridades municipales y policiacas marcó un antes y un después en la historia de este país, quien ha visto afectado seriamente su imagen. Ante esos hechos y el desconocimiento sobre lo que realmente ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014 y la participación del crimen organizado en estos hechos ha permitido que se entorpezcan las investigaciones.
Conocer qué pasó en Iguala hace año y medio es un paso indispensable para que este país comience a dejar atrás la impunidad y las investigaciones nunca concluidas que generan falta de transparencia y fomentan la corrupción.
De lo que se concluya en el caso de Ayotzinapa deben surgir las bases para corregir lo que está mal en los tres niveles de gobierno y superar de buena manera una escena violenta en el país. El enfrentamiento al interior del gobierno y entre las partes que deben investigar el caso no es lo deseable.
Para tratar de entender lo que sucedió en Iguala es importante recordar cómo sucedieron los hechos pues los meses pasan y la historia se enreda cada vez más.
El 26 y 27 de Septiembre mueren tres estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, luego de que secuestraron autobuses y fueron atacados a balazos por policías locales y presuntos grupos criminales. En otros hechos violentos mueren seis personas más.
El 29 de septiembre, dos días después en el Ministerio Público del Fuero Común, 22 policías municipales de Iguala son detenidos y llevados al penal de las Cruces, en el puerto de Acapulco, como probables responsables de los seis homicidios.
El 30 de septiembre Iñaqui Blanco Procurador General de Guerrero, informa que se tienen ubicados 14 de los 57 normalistas desaparecidos, además corroboró que los policías municipales, dispararon contra estudiantes y rafaguearon el camión del equipo de futbol de tercera división Los Avispones. Ese mismo día el edil de Iguala pide licencia a su cargo por 30 días, según él para permitir que se avance en las investigaciones, sin embargo se fuga.
La pregunta sería y ¿el gobernador Ángel Aguirre no estaba enterado de lo que sucedía? por fin el 9 de octubre el mandatario guerrerense, informa que solicitaría al Congreso del estado someter a revocación su mandato por la desaparición de los normalistas. Para que esto sucediera ya habían pasado poco más de 10 días y todavía no existían pronunciamientos que nos dieran a conocer los avances en la investigación.
Hasta la fecha hay más preguntas que respuestas y lo difícil de creer que con tantos policías municipales detenidos y sometidos a cuestionamientos severos haya silencio y no se conozca a ciencia cierta lo sucedido.
Cada día que pasa sin que se cierre la investigación nos aleja más de conocer la verdad jurídica que aunque sea la aceptable nunca será tomada en cuenta. ¡Que lastima¡ tanto tiempo, tantas vidas y tanto dinero desperdiciado como para no lograr encontrar la verdad, o no aceptarla.
