Daniela Téllez, integrante de la asociación civil DI RAMONA, señaló, respecto a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que han contabilizado 27 incidencias en siete municipios del estado: Pachuca, Huichapan, Tula, Ixmiquilpan, Apan, Mixquiahuala y Tulancingo.
En entrevista para Diario Plaza Juárez, dijo: “Se han presentado incidencias de negación del servicio directamente, les están comentando que en esos lugares no se está brindando el servicio pese a que la ley ya lo ordena”.
“Que ellos no sabían nada. Que ahí no se hacía. Que no hay personal que lo haga. Que ahí no es, cuando sabemos que sí”, son algunos de los argumentos que les presentan cuando les niegan el servicio.
Detalló que ellas han conducido a mujeres a un número de la Secretaría, “las canalizamos ahí, pero sinceramente te lo digo, al final las mujeres prefieren seguirlo haciendo en casa, y se regresan con nosotras, pues se cansan: se cansan de que las hacen esperar, se cansan de que las hacen dar vueltas, se cansan de que les nieguen el servicio”.
Comentó que es muy frecuente que les exijan un ultrasonido cuyo costo puede llegar a los 600 pesos e indicó que en Huichapan les estaban cobrando todo: “les cobraban el ultrasonido, les querían cobrar la prueba de sangre, les querían cobrar la Consejería y encima les querían cobrar el medicamento. Entonces las chicas, las mujeres terminan hartas, cansadas de esto y pues prefieren mejor regresarse con DI RAMONA y que se les acompañe”.
Indicó que es necesario visibilizar esta problemática: “para llamar la atención a servicios de salud pues para que se pongan las pilas y no sigan negando un servicio, que pues ya está respaldado por la ley”
Mencionó: “yo entiendo, por un lado, sabemos que no es culpa de la Secretaría, sabemos que hay mucho estigma detrás y que mucha gente por más que le indiquen que lo tienen que hacer, su estigma y sus propias creencias hacen no dar el servicio, pero es algo que se tiene que corregir”.
Precisó que las organizaciones no tendrían que estar detrás de la Secretaría o de cada hospital para que atiendan a las mujeres: “tendrían que ir ellas y que se les atienda, no que haya un intermediario de por medio que obligue a ese hospital a que cumplan la norma, y ese es el problema”.
Concluyó haciendo un llamado a la colaboración “somos un equipo, tanto sociedad civil como las instituciones, nosotras estamos poniendo todo de nuestra parte, tanto en cuestión de recursos económicos como humano, para que esto salga, para que haya difusión del servicio, para todo lo que implica, también incluso para capacitación”.
Y el segundo llamado fue a que se mejoren estos servicios y se revisen los hospitales: “cerciorarse de quién está al frente, si está comprometido con dar un servicio seguro, en cuanto a salud sexual y reproductiva”.