A través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hizo un llamado para participar y frenar la NOM 237, a través de la consulta pública que hará la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). Lo anterior se dio dentro del Webinar “NOM 237 ¿Golpe a la educación de nuestros niños?”, organizado por esta institución.
José Medina Mora Icaza, presidente a nivel nacional de COPARMEX señaló la importancia de escuchar a los especialistas en el tema, dialogar con la Secretaría de Economía (SE); pues esta es su propuesta; y participar en la consulta ciudadana.
Expresó “que “carece de sentido” que las instituciones de educación privada sean consideradas como entidades mercantiles y estén sujetas a una regulación adicional, toda vez que ya son reguladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP)”.
Por lo anterior hizo un llamado a los posibles afectados, en caso de que se aprobara esta norma, a que manifiesten sus argumentos en la consulta pública de la CONAMER, la cual estará disponible hasta el 15 de noviembre: “Ese es el espacio que tenemos que aprovechar para poner todos nuestros argumentos, de tal manera que no se apruebe como está propuesta”
Por su parte, María Rebeca Félix, directora ejecutiva de operaciones y abogada general de COPARMEX, indicó, que “esta regulación genera costos adicionales para uno de los sectores más afectados por la crisis causada por la pandemia”.
Y afirmó que durante el “2020, se perdieron 117 mil empleos formales del sector, de los cuales aún quedan por recuperar más de 67 mil. Más aún, con datos de la SEP se puede estimar que del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021 cerraron más de 1,200 instituciones particulares de educación básica”.
De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020 tiene el propósito de “establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a madres y padres de familia, tutores y/o usuarios sobre los servicios que se presten”.
Esto “bajo los principios de transparencia y calidad de los mismos, salvaguardando el derecho a la educación consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.