La protección a los datos personales y los avisos de privacidad se han convertido en retórica, en una nueva ley hecha para ser violada por las empresas y los bancos en México. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo encargado de la protección de los datos personales de los ciudadanos; entre su misión tiene trabajar “para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, así como para promover en la sociedad y en el gobierno la cultura del acceso a la información, la rendición de cuentas y el derecho a la privacidad”, pero como todo en nuestro país, la realidad siempre termina superando la ley y se vuelve a caer en la impunidad de quienes ostentan el poder político o económico.
Son numerosos los casos de exposición y venta de datos personales, uno de los más sonados fue la venta del “Padrón Electoral” a la empresa estadunidense ChoicePoint por sólo 250 mil dólares en 2002. Desde entonces, leyes van leyes vienen con la finalidad de proteger los datos personales. En los últimos meses, cada vez que uno habla a una empresa a un banco o a una institución del gobierno, o cuando se entra sus páginas de internet, de inmediato se habla o aparece su aviso de privacidad sobre el usos de los datos personales.
Normalmente, quizá por las prisas o por la letra chiquita que no termina por ser abolida por los legisladores, nunca leemos ni nos damos tiempo para escuchar los avisos de privacidad, para aprobarlos o rechazarlos si no estamos de acuerdo con sus términos; al final, millones de ciudadanos terminan siendo victimas de la manipulación por empresas y bancos del uso de sus datos personales.
En el último año, empresas, bancos y despachos de cobranza como el Grupo de Administración de Bienes y Servicios S. A. de C. V. (GABSSA), ligada al Banco Santander, o la propia tienda departamental Liverpool, Banamex o Bancomer, por ejemplo, de manera impune han hecho llegar cartas abiertas a sus clientes, a manera de panfletos, exhibiendo la totalidad de sus datos personales al público, como un mecanismo de presión para exigir el pago de adeudos, sin que el INAI, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) o la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), intervengan para proteger la privacidad de los ciudadanos y sancionar a empresas y bancos por el uso inadecuado de los datos privados de sus clientes, esgrimiendo argumentos sin fundamento y perdiendo la credibilidad de los ciudadanos.
Aunque quizá sirva de poco, ahora el Senado de la República está trabajando en un proyecto de dictamen sobre la “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, donde se señala que los sujetos obligados que incumplan la ley serán exhibidos en los portales de obligaciones de transparencia del INAI y los organismos garantes, deberán considerar estas faltas en todas las evaluaciones que se realicen; para lo cual, se han establecido sanciones hasta de 109 mil 560 pesos para los que violenla protección de los datos personales.
Si la Ley se aprueba, el INAI y los organismos garantes, podrán imponer amonestaciones públicas o multas por la violación a la ley, equivalentes a 150 y hasta mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (10 mil 956 pesos a 109 mil 560 pesos con el valor actual de 73.04 pesos de la unidad), según la propuesta de dictamen.
Aunque para un banco o una gran empresa departamental, esas multas son irrisibles, será fundamental que los ciudadanos participen denunciando la violación de sus derechos, de sus datos personales; pero además, debería considera la Ley el derecho de los ciudadanos a recibir departe de las empresas, bancos o instituciones públicas, la reparación del daño causado; con ello los ciudadanos podrían estar en igualdad de condiciones para reclamar y frenar el uso inadecuado de sus datos personales.
En la medida que la crisis actual continúe agudizándose, generando mayor desempleo y aumento de las carteras vencidas de bancos y empresas departamentales, es probable que veamos surgir más empresas de cobranza en el país y, con ello, la tentación de parte de éstas a exhibir públicamente los datos que los clientes le confiaron a empresas y bancos, lo importante será que los legisladores establezcan mejores mecanismos de control y les den la posibilidad a los ciudadanos de participar en la regulación del uso de sus datos.
