El pasado 12 de julio se registró una explosión dentro de la mina conocida como “La Purísima” debido a la presunta detonación de dinamita que no había sido detectada y por ende no fue retirada durante la “supervisión”, misma que ocasionó que  al hacer su trabajo, Daniel Ramírez Trejo recibiera el impacto de la explosión y falleciera en el lugar.

Así mismo uno de sus compañeros perdió la vista, y de acuerdo con testigos, el tema se ha querido mantener en silencio debido a que la empresa no se ha hecho responsable de los gastos médicos y la indemnización de por vida para el minero que perdió la vista ni tampoco ha indemnizado a los familiares del minero fallecido.

En entrevista familiares de Ramírez Trejo, informaron que en septiembre le había caído una roca al minero y que tras pagar de su bolsillo la rehabilitación, las recomendaciones médicas señalaban que no tenía que entrar a la mina sin embargo la empresa lo obligó a entrar y laborar con el brazo resentido, siendo que su trabajo era de barrenar además de que su turno era vespertino y previo al accidente fue informado que su turno sería en la mañana a partir de esa semana.

La sospecha que se tiene hasta el momento es que un cartucho de dinamita no fue detonado y al hacer la perforación un chispazo sobre este pudo haber provocado la explosión, lo anterior sin que se hubiera dado una buena supervisión del terreno, sumado a la falta de protocolos dentro de la empresa cuya razón social es AMJE S.A de C.V.

Tras la muerte del trabajador (del que dependían directamente al menos seis personas), la familia fue citada en la empresa y ahí personal que mandaron a negociar, buscó indemnizar a la familia con 46 mil pesos y tras la negativa de la madre del occiso y a punto de salir de la empresa, los hicieron regresar para ofrecer alrededor de 100 mil pesos, sin embargo esta oferta también fue rechazada tanto por el actuar mezquino de la empresa como por lo que implica la muerte de un empleado víctima de negligencia por parte de la minera.

El problema ahora, es que además de las trabas y la opacidad con la que se ha tratado el tema en la región,  se ha tenido conocimiento de los acercamientos que ha tenido la representación de la empresa con el Ministerio Público y la autoridad, ya que como señala el abogado que representa a las víctimas “no hay razón de ser ya que la carpeta se integró contra quien resulte responsable”,  además de que no ha querido entregar los informes periciales y pareciera que la autoridad no está del lado de la impartición de justicia ni del resarcimiento de los daños a las víctimas a través de las indemnizaciones correspondientes. 

Lo único que quieren, aseguró el abogado,  es que que imparta justicia de manera pronta y en favor de las víctimas, ya que hay confianza en las autoridades pero también no se descarta que pueda ocurrir uno de esos casos “extraordinarios” en el que la autoridad se muestra a favor de la parte contraria y genera esa ausencia de justicia que hace que la gente deje de creer en las instituciones impartidoras de justicia.