TERRAZA
La corrupción, la inseguridad y violencia al interior de los países son los efectos de la impunidad, no sus causas.
México enfrenta una impunidad generalizada, la mayoría de las entidades del país registran el problema y según el resultado que revela la investigación que realizo la Universidad de las Américas Puebla, tenemos el Índice Global de Impunidad México 2016, que detalla que la ineficacia institucional en materia de procuración e impartición de justicia forma una cadena de impunidad desde la comisión del delito, la integración, la posible condena de un inculpado y la reparación del daño a la víctima.
Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla y Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, en su índice recién presentado, refleja la dimensión del fenómeno y advierte del peligro que existe en nuestro país ya que 25 de los estados se hallan entre 65 y 75 puntos de incidencia delictiva y sobretodo de ausencia de castigo.
Ambrogi lo confirma. El estudio agrupa a las entidades entre una muy alta impunidad, alta impunidad, impunidad media, e impunidad baja. No se conoce donde ese fenómeno no haya penetrado hasta la raíz. Ya ha hecho metástasis. Definitivamente la impunidad es una realidad tan lamentable como preocupante.
Combatir la impunidad reclama la máxima dedicación por parte de las autoridades, es necesario actualizar las leyes, pero sobre todo, en aplicarlas. Si quienes son proclives a actuar fuera de la norma y no reciben claramente éste mensaje, seguirán pensando que no serán llevados ante la justicia y que pueden actuar libremente sin riesgo de castigo.
El rezago en los sistemas de seguridad y justicia en México sumerge a las 32 entidades en un serio problema de impunidad. Las políticas públicas en el país han estado mal enfocadas para combatir este fenómeno, que es el principal factor que alimenta la corrupción, la violencia y la delincuencia. El ver que asuntos como la fuga de Joaquín “el chapo” Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano, provocan que el ciudadano no crea en las instituciones: peor aún, al ver que no sucede nada con los responsables de algún delito, los mexicanos creen que pueden quebrantar la ley puesto que no recibirán castigo.
Un dato alarmante que publica la revista Forbes, es que México es el segundo país de 59 con mayor índice de impunidad basado en el Índice Global de Impunidad.
El sistema de justicia mexicano, según el estudio, enfrenta grandes deficiencias: 46 por ciento de la población detenida carece de una sentencia condenatoria.
El índice también estimó una proporción promedio internacional de 17 jueces por cada 100 mil habitantes; México sólo cuenta con cuatro por cada 100 mil.
La corrupción, la inseguridad y violencia al interior de los países son los efectos de la impunidad, no sus causas.
A finales de 2014, la corrupción en México generó una pérdida de inversión aproximada de dos mil millones de pesos del sector privado y mil millones de dólares más por inversión extranjera directa, según estimaciones del Semáforo Económico Nacional del observatorio México.
Según el rector de la Universidad de las Américas Puebla, para que las empresas perciban un mejor ambiente de negocios, México debe resolver el tema de impunidad.
La incertidumbre de no saber cuándo su demanda va o no a prosperar es lo peor que le puede pasar a una empresa.
Una sociedad no puede confiarse en que los valores y principios de sus integrantes son suficientes para garantizar una convivencia armónica y respetuosa.
No basta con crear leyes que busquen normar la conducta humana. Es preciso contar con la certeza de que estas se van a aplicar y que aquellos que las infrinjan obtendrán un castigo. De lo contrario, los comportamientos anti sociales se multiplican y generalizan.
Así se configura la impunidad, uno de los problemas más importantes que enfrenta nuestro país y a nivel mundial ya que es el factor principal que alimenta y promueve la delincuencia y la corrupción.