Ahora los delincuentes pueden aportar información y pruebas en contra de sus cómplices y de ese modo reducir sus condenas.

Es ampliamente conocido que en el sistema legal de Estados Unidos, agencias como el FBI (Federal Bureau of Investigation) o la DEA (Drug Enforcement Administration) negocian con los criminales que capturan la reducción de la condena que les correspondería por los delitos cometidos, a cambio de información que permita la detención de los líderes de las organizaciones a las que pertenecen. Estos pactos también son posibles en México. El artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, promulgada el 7 de noviembre de 1996, prevé que el miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir como beneficios, entre otros, que los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra.
Esto significa que el Ministerio Público federal y el delincuente pueden pactar legalmente un acuerdo en el que el primero ofrece no ejercer acción penal en contra del segundo y éste aporta su confesión y además información y pruebas en contra de sus cómplices; en caso de aceptar, el criminal estaría traicionando a la organización delictiva y se convertiría en un testigo protegido.
Si bien esta disposición estaba limitada a los casos de delincuencia organizada, el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio amplió esta posibilidad de negociación a todos los delitos, incluidos los del fuero común; así se establece en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya está vigente en 15 estados de la República y lo estará en todo el país el 14 de junio de este año.
Esta disposición señala que es procedente otorgar un criterio de oportunidad, esto es, ponderar el no ejercicio de la acción penal, cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, o información que derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio como testigo; ello sin olvidar la reparación del daño causado a la víctima u ofendido, a menos que ésta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación.
La razón por la que el legislador mexicano resolvió ampliar esta facultad de negociación a todos los delitos es su eficacia como herramienta para combatir delitos graves, ya que se trata de un medio legal que permite obtener pruebas contundentes para acreditar la comisión de ese tipo de delitos. Imaginemos a un delincuente que es instruido por el líder de la banda para recoger el dinero del rescate de un secuestro y es detenido en ese momento; la víctima aún está privada de la libertad y la autoridad no tiene información de su paradero, pero con la confesión y colaboración del detenido se podría hacer inmediatamente el operativo para lograr su liberación; es cierto que se perdonaría la participación del detenido en el secuestro, pero a cambio se lograría rescatar al secuestrado y la detención de todos los demás involucrados, incluido el líder de la organización.
Este método constituye una nueva política criminal en México con la que se pretende obtener un mayor beneficio social al resolver delitos complejos y capturar a los criminales de más alto rango a cambio de la impunidad de un delito menor. Los líderes de la delincuencia organizada frecuentemente evaden la justicia porque en la mayoría de las ocasiones no tienen un vínculo material con la comisión de los ilícitos, sino que instruyen a otros para su realización, por lo que la evidencia de su participación se limita a su propia confesión o una intervención telefónica de la que se desprenda expresamente su orden.
Sin embargo, la alternativa que ofrece el nuevo sistema penal facilita la persecución de los capos, ya que establece incentivos para la obtención de evidencia idónea para acreditar su participación en actos ilegales, como es el testimonio de miembros de su propia organización delictiva. Por ello, la ley incentiva la negociación con los escalones más bajos de la organización, ya que a cambio de no ejercer acción penal en su contra se obtiene su cooperación para lograr la desarticulación total de la organización criminal, la detención de un homicida o la resolución de un delito de mayor gravedad. Ello sin duda tiene un mayor impacto en el abatimiento del crimen organizado y en el eficaz funcionamiento del sistema de justicia.