EFE.- Pocos de los millones de peruanos que este domingo votarán por Keiko Fujimori lo harán con gusto por la candidata, señalada como ejemplo paradigmático de todas las malas prácticas de la política en Perú reconvertida ahora en la esperanza para salvar el “modelo” económico y social instaurado por su padre (hoy en la cárcel por corrupción).

En pocos lugares sería viable que una candidata acusada de los delitos de organización criminal y lavado de activos por los que la fiscalía pide 30 años de prisión, y que está a las puertas de un juicio que solo evitará si accede a la presidencia y obtiene inmunidad legal, esté cerca de ganar una elección democrática.

Menos aún si esa candidata pasó más de un año en prisión (octubre 2018- mayo 2020) ante el temor de la Justicia de que interfiriera con sus redes políticas en las investigaciones que se siguen en su contra.

Haber tenido responsabilidad directa en la crisis institucional y política que Perú vivió durante el último lustro fruto de la labor desestabilizadora y obstruccionista que el partido Fuerza Popular hizo desde el Congreso bajo su férrea dirección no es tampoco una buena carta de presentación.

No ayuda tampoco que casi nadie, según las encuestas, confíe en su palabra.