Dados los diversos acontecimientos que se han registrado en el país recientemente, así como la percepción internacional que se tiene sobre México, surge la pregunta qué se debe hacer contra uno de los males mayores que aquejan nuestro pacto social.
¿Qué hacer contra la corrupción? ¿Más leyes resolverán este problema?
Hay diversos modelos y medios que los Estados han creado con éxito para enfrentar y disminuir el flagelo de la corrupción. Inglaterra, Francia, Alemania nos presentan buenos ejemplos de ello. Esto quiere decir que no hay fórmulas exclusivas que se puedan aplicar por igual a todos los sistemas políticos que requieren urgentemente resolver las crisis de confianza y legitimidad que tienen frente a sus representados, como consecuencia de escándalos de presunta o probada corrupción.
Lo que sí es condición única para enfrentar este fenómeno, es la voluntad de la clase política con una buena carga de presión social, para que las cosas eventualmente cambien. De otra manera sólo serán luchas marginales.
Por lo general, este mal público se enfrenta con medios de control institucional que previenen, supervisan, transparentan y sancionan integralmente el abuso de poder. Para ello es indispensable que exista un acuerdo mayor en donde hay una adecuada distribución de competencias entre los poderes públicos, lo que comúnmente se conoce como división de poderes, para que las instancias de autoridad actúen con la mayor libertad e independencia en la supervisión de lo que hace otro poder, evitando con ello, que haya invasión de competencias y encubrimientos. Fortalecer a la SFP es importante, pero fortalecer las capacidades e independencia de la ASF es imprescindible para acotar la corrupción.
Cuando un poder público quiere concentrar o centralizar más facultades de las que debe, se da inicio a un círculo vicioso que debilita los equilibrios y límites institucionales que hacen más responsable y controlado el ejercicio del poder. Estas tentaciones, son una mala idea porque se termina enterrando un acuerdo racional de organización política, dando paso al ejercicio del poder arbitrario, espacio ideal para llevar a cabo actos de corrupción sin consecuencias. Acuerdos que a nadie conviene, más que a sus beneficiarios. Obviamente esto no es bueno para la reducción de la corrupción, como tampoco para ninguna democracia.
Ahora que los representantes de la nación han aprobado un marco constitucional para establecer nuevas reglas en la lucha contra la corrupción, es importante reflexionar si en realidad tenemos un buen diseño institucional que permita tener una efectiva división de poderes, un modelo que dada la realidad política del país, pueda conciliar efectivamente el reflejo de la pluralidad electoral con la funcionalidad institucional que ofrece la maquinaria del gobierno. Probablemente no tenemos un buen arreglo que permita que nuestras instituciones estén bien coordinadas y fiscalizadas para enfrentar de la manera más contundente este mal; las cifras que ofrece la ASF hablan por sí mismas. Hay mucha corrupción en el gobierno que nunca es sancionada.
Una vez aprobada la reforma constitucional quedará pendiente la creación de nuevas leyes secundarias con sus respectivos reglamentos. Siempre queda el riesgo en donde las leyes pueden ser limitadas o contrarias al mandato que se ha establecido desde la Constitución; lamentablemente los ejemplos sobran en nuestra historia legislativa, con la consecuente frustración de propósitos.
Sin optimismos ni pesimismos, esperemos que este nuevo marco legal sea la gran oportunidad que México necesita, para cambiar el sentido de nuestra historia.