México ha decidido apretar el acelerador. La extradición, el espectro que más temen los narcos, no sólo recaerá sobre El Chapo, sino que se cerrará en el más corto plazo de tiempo posible. Así lo aseguró en Davos el presidente Enrique Peña Nieto, en una declaración que muestra como un Gobierno que hasta la fuga del criminal consideraba la extradición una mancha en su orgullo nacional, ahora ha decidido emplearla como arma disuasoria. Y política.

La extradición quedó relegada a la fila de atrás con la llegada de Peña Nieto al poder en 2012. Frente al uso intensivo que su antecesor, Felipe Calderón, hizo de este recurso, el nuevo ejecutivo, siguiendo la tradición nacionalista del PRI, redujo las entregas a EU, y, en algunos casos, jugueteó con ellas como ultima instancia. El proceso de El Chapo fue un ejemplo. La PGR, aunque sin rechazar abiertamente su extradición, siempre antepuso que penase en México. “El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300 o 400 años después”, llegó a decir el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.