Con el objetivo de proteger la integridad de las personas que rinden declaración testimonial o información por posibles actos de corrupción relacionados con faltas administrativas; así como facilitar e incentivar la denuncia de posibles actos de corrupción y determinar y erradicar los factores de riesgo de las personas que aportan información sensible para la denuncia e investigación de posibles actos de corrupción, ayer fue aprobaba en el Congreso Local, la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de hechos de Corrupción.

De acuerdo con lo informado, “las medidas de protección se otorgarán considerando el sujeto a proteger, es decir si es servidor público o un particular, y serán la orientación legal para los hechos relacionados con la denuncia, la reserva de datos personales, protección policial, cambio de dependencia o área administrativa, utilización de procedimientos, mecanismos o tecnologías que eviten la participación física del sujeto de protección en las diligencias, así como atención psicológica, entre otras”.

Por otra parte se contempla que las medidas se otorgarán de oficio o a petición de parte, siempre y cuando el sujeto de protección las acepte expresamente, y exista la necesidad de ejecutarlas, así mismo existen determinadas obligaciones para quien las recibe y las aplica.