POR FIN CAYÓ EN MANOS DE AGENTES ESTATALES
- Amenazaba y despojaba del dinero de las ventas a inermes repartidores de gaseosas
- Confesó que el producto de su ilícita labor lo destinaba para surtirse de su droga
A la cárcel fue a parar un hombre, presuntamente dedicado a asaltar a los repartidores de refrescos que acudían al barrio El Arbolito, ubicado en la capital hidalguense. Por los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) detalló que la persona detenida responde al nombre de Julián “H” y tras su captura se logró dar cumplimiento a la causa penal 105/2014 por el delito de asalto.
El organismo encabezado por Alfredo Ahedo Mayorga, apuntó que fueron agentes de la Coordinación de Investigación en Prevención del Delito los que se apuntaron el arresto del probable asaltante, esto en la avenida Madero de Pachuca.
Las autoridades ya lo tenían en la mira, ya se contaba con el oficio ASIEH/CI/GE/035/2015 y se implementó un operativo para dar con el presunto delincuente, minutos después las autoridades lograron la ubicación y arresto del imputado, el cual fue trasladado hasta las oficinas de la corporación policiaca.
El indiciado reconoció que junto con un amigo, Armando “A”, recluido actualmente en el Cereso de la capital hidalguense por la misma causa penal y el mismo delito, se dedicaban al asalto a repartidores de refresco, cerveceras y otros giros comerciales que circulaban por el Barrio del Arbolito o de las 15 letras.
Los tenían bien vigilados ya que, según el detenido, observaban cada movimiento que los trabajadores realizaban elegían a su víctima y con el apoyo de una pistola de utilería, o bien un arma blanca, asaltaban a los transportadores y los despojaban de dinero efectivo y pertenencias de valor.
Al ser cuestionado del por qué de sus actos, el sujeto de quien se omite su nombre completo para no entorpecer el proceso legal correspondiente, dijo que las ganancias del asalto las ocupaban para surtirse de droga.
Tras la captura y declaraciones de Julián, éste fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes, quienes luego del proceso legal correspondiente determinarán su situación jurídica conforme lo marca la ley.