La lectura del derecho a la autodeterminación en el amparo de la SCJN pudiera estar abriendo la puerta a cualquier droga.

En los pasados días, a partir del amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha desatado un debate transversal en torno de la marihuana que abarca las materias de salud, seguridad, derechos humanos, educación y economía, cuando menos.
En lo referente a salud y seguridad existen muchas hipótesis, que van desde los daños al individuo y hasta la promesa de una reducción en la violencia con el cambio de paradigma. También, en términos médicos, se hablado de posibles beneficios a partir del consumo, pero cabe destacar que en el ramo médico nunca se contempla el consumo por combustión; y como bien dijera Max Weber, mientras la ciencia tiene que observar la innovación, la política tiene que ver por las consecuencias.
Es evidente que la tendencia mundial avanza hacia una regulación del uso y del mercado de la cannabis, pero actualmente no hay una propuesta debatiéndose en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República, el PRI se ha pronunciado sobre su uso medicinal, pero todavía no hay un dictamen y siendo realistas, la puerta que abrió el amparo de la Corte es mucho más amplia porque descansa en derechos humanos.
Argumentos sobran, testimonios también y son muy recurrentes los ejemplos de la experiencia internacional. Desde el monopolio estatal que tiene Uruguay de la cannabis, pasando por el camino de los “clubes cannábicos” que tiene precedentes en España, la despenalización federal en Estados Unidos que abre la posibilidad de regulación local y la experiencia más antigua que descansa en los coffee shops de Holanda. Dentro de dicha experiencia internacional hay cifras preocupantes cómo el hecho de que tan sólo en 2009 Estados Unidos gastó 209 mil millones de dólares para atender el tema de adicciones y del total de emergencias médicas por adicciones, el 39% es por marihuana. Cuando vemos estas cifras surge de nuevo el tema de las consecuencias y a qué nivel podremos enfrentarlas en nuestro país.
Sin dejar de lado que los derechos humanos emanan a partir de la personas y que el Estado sólo está obligado a reconocerlos. El llamado derecho al libre desarrollo de la personalidad no ha sido delimitado con exactitud y su interpretación en el amparo pudiera estar abriendo la puerta no sólo a la mariguana sino a cualquier droga. También en el amparo hacen comparativos con el alcohol y el tabaco, que tienen regulaciones propias.
Para entender la magnitud del reto que puede representar la regulación de la marihuana inicialmente se pueden enumerar tres ordenamientos que la prohíben explícitamente: La Ley General de Salud, en sus artículos 234, 237 y 479 (donde se indica que la dosis máxima de consumo personal e inmediato es de 5 gramos). El Código Penal Federal que en su artículo 198 prohíbe cosechar plantas de marihuana y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación que la prohíbe explícitamente. Pero también, dentro de la legislación específica de alcohol y tabaco (que fue la que usó la SCJN como ejemplo) hay cuando menos, 12 ordenamientos que los regulan, sin contar las leyes estatales a la exposición del humo de tabaco y las leyes de prevención.
En Acción Nacional estamos listos para iniciar el debate conscientes de que, como bien dijo nuestro presidente nacional Ricardo Anaya, se necesitan muchos más elementos de los que se han presentado. Y teniendo como premisa la libertad de las personas y el bienestar de las familias mexicanas, estaremos esperando argumentos y propuestas legislativas serias en la Cámara, abiertos a debatir lo que sea mejor para México y dejando de lado posiciones dogmáticas o mal informadas, porque si hay algo que no se puede tomar de manera lúdica o recreativa, es un cambio de paradigma en cuanto al tema de la marihuana.