La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, refirió que para este 2021, el proceso electoral del próximo seis de junio, contará con las herramientas necesarias para que se niegue la candidatura a cualquier persona que ejerza violencia política en razón de género.
“Una persona que violenta políticamente a las mujeres no cumple con un modo honesto de vida y, por tanto, no se puede registrar a un cargo de elección popular y es obligación de las autoridades administrativas, que son las que en primera instancia resuelven sobre postulaciones de los partidos políticos, acatarlas”, sentenció Humphrey Jordan.
Explicó que actualmente se cuenta con las garantías para que los partidos tampoco postulen a personas que tengan sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o que sean deudoras alimentarias morosas.
Ello, dijo, a partir del formato que deben presentar los aspirantes a una candidatura conocido como la tres de tres, ya que si bien no pudo establecerse como un requisito, sí es un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad que, de no cumplirse o mentir, impacta en el incumplimiento del modo honesto de vivir que se necesita para el registro a un cargo de elección popular.
“Estamos avanzando, pero tenemos casos límites muy mediáticos en México, muy desafortunados y una forma de violentar a las mujeres es no darles acceso a justicia pronta y expedita. No hay sentencias porque hay carpetas congeladas en las fiscalías, porque se alargan juicios”, indicó.
Ante este panorama estimó que resulta necesario rediseñar esta declaración tres de tres y, sobre todo, hacer eco de los señalamientos por parte de organismos internacionales de que en México las mujeres violentadas sexualmente no recibe atención, ni justicia pronta y expedita. Y destacó la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra la Mujeres en Razón de Género que desde su creación, en septiembre del 2020 a la fecha, cuenta con 21 personas inscritas, 17 hombres y cuatro mujeres.
En tanto cabe destacar que en lo que concierne a Hidalgo, las reformas que se han propuesto para suprimir la participación política de personas que hayan cometido violencia política en razón de género se encuentran en comisiones en espera de ser dictaminadas en el pleno, aunque por el tortuguismo que han denunciado algunas fracciones parlamentarias estas podrían quedarse en la congeladora.
