Las empresas tecnológicas han entrado con fuerza en el caliente debate sobre la conveniencia o no de que los Gobiernos dispongan de mayores poderes para acceder a las comunicaciones digitales de los ciudadanos. El Parlamento británico tramita un proyecto de ley que pretende facilitar a la policía acceso a los registros del uso de Internet de ciudadanos, algo que el Gobierno considera esencial para combatir el crimen y la amenaza terrorista. Liderando la contraofensiva de Silicon Valley, Apple remitió un documento con sus objeciones al comité parlamentario que tramita la legislación, cuya fase de consultas públicas finalizó el pasado lunes.