Las diputadas locales Jazmín Calva López, del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la independiente, Areli Rubí Miranda Ayala, subieron al pleno una iniciativa con la que buscan adicionar un artículo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con el objetivo de que personas que hayan sido condenadas por violencia de género y/o deudores alimentarios no sean contratados en dicho organismo autónomo.
Por lo anterior, el artículo 161 TER en mención, contendría el siguiente texto dentro de los requisitos para los aspirantes a formar parte del Poder Judicial en la entidad: “No ser deudora o deudor Alimentario Moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda, o bien, tramite el descuento correspondiente”.
De igual forma establece: “no estar condenada o condenado por delitos de acoso sexual o abuso sexual y/o delitos de violencia de género y no estar condenada o condenado por el delito de violencia familiar”, cabe destacar que propuestas similares enfocadas a distintos organismos públicos se han subido al pleno durante la 64 Legislatura, con el objetivo de cerrar puertas laborales a deudores de pensión alimentaria para los hijos así como a los condenados por violencia de género.
La iniciativa, presentada ayer por las diputadas Jazmín Calva López y Areli Rubí Miranda Ayala, se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, para su análisis y tendrá que esperar su dictaminación en el pleno.
