Enrique Guadarrama, segundo visitador de la CNDH, comentó que el deficiente sistema de seguridad pública estatal y municipal, así como de procuración de justicia generó espacios de impunidad.

“En Michoacán existen problemas estructurales de pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades que han generado comunidades vulnerables a la delincuencia organizada”, señaló.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a investigar el origen de las armas y el financiamiento de los grupos de autodefensa en Michoacán; así como la posible infiltración del crimen organizado en la Fuerza Rural Estatal, conformada por grupos de autodefensa.

Al presentar el “Informe Especial sobre las autodefensas en Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto”, el organismo señaló que derivado del deficiente ejercicio de las funciones de las autoridades estatales y municipales para combatir el crimen organizado en Michoacán, hubo violaciones a derechos humanos de michoacanos a la seguridad, la paz pública, a la vida, la libertad, al trato digno y al acceso a la justicia.

De 77 municipios visitados, la CNDH identificó que en 33 hay presencia de grupos de autodefensa.

Luis Raúl González Pérez indicó que la fórmula para la recuperación social y jurídica no puede pasar por la violencia ni permitir a personas civiles actuar armadas. “El Estado no puede ceder a negociar el ejercicio de las atribuciones que le son propias, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene frente a todos los gobernados”, enfatizó.