Durante 20 semanas los ciudadanos de Guatemala se manifestaron en contra de la corrupción que había en su gobierno. Primero, el vicepresidente fue detenido, seguido por el presidente, quien también fue acusado. Nuevas elecciones fueron convocadas y el pasado domingo los guatemaltecos eligieron a un nuevo presidente.
El poder de la gente, al menos por el momento en Guatemala, ha renovado la fe en el potencial que tiene el gobierno. Ha demostrado que las movilizaciones pueden ser una herramienta efectiva. Sin embargo, este acto sin precedentes representa también un fracaso: las personas no deberían ser forzadas a tomar las calles para ser escuchadas por sus gobiernos para que éstos rindan cuentas.
Actualmente existe un movimiento global que está trabajando para incorporar sistemáticamente a la gente en los procesos de gobernanza. Esta semana, 66 gobiernos y centenares de organizaciones de la sociedad civil del mundo, nos reunimos en la ciudad de México para discutir los avances de este movimiento, así como los retos que enfrenta y las acciones que faltan.
Este movimiento es la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) y fue fundado hace cuatro años por los gobiernos de ocho países y por nueve líderes de la sociedad civil dedicados a fortalecer el papel de la ciudadanía en los procesos de gobernanza de sus respectivos países. OGP se creó como respuesta a la gran energía cívica mostrada por los levantamientos ciudadanos que ocurrían en el mundo a inicios de esta década, así como al nuevo y gran potencial de las tecnologías de la información para crear gobiernos más abiertos y responsivos a las demandas ciudadanas.
Hoy más que nunca resulta esencial lograr que los líderes globales reconozcan la importancia del trabajo conjunto entre los gobiernos y la gente. La confianza hacia los gobiernos vive uno de sus peores momentos en la historia, al tiempo que el espacio de libertades cívicas se está reduciendo.
El reporte más reciente del Barómetro Global de Corrupción publicado por Transparencia Internacional demuestra que en 51 de los 107 países analizados, los partidos políticos son vistos como la institución más corrupta de su país. La organización Civicus señala que en 2014 existieron amenazas serias a las libertades cívicas en por lo menos 96 países.
En países como Azerbaiyán y Hungría, grupos de la sociedad civil han documentado y expresado las limitaciones que enfrentan para realizar sus funciones más básicas, lo cual ha conducido al Comité Directivo de OGP y a los gobiernos de dichos países a revisar de forma conjunta la forma de revertir dicha situación so pena de ser separados de la organización. Otro caso es Rusia, país que solicitó su incorporación a OGP, pero abandonó inmediatamente dicha intención una vez que se dio cuenta que esto implicaba compromisos concretos y evaluables de apertura gubernamental. Al menos en estos casos, la tentación de utilizar la membresía de OGP como fachada fue conjurada.
El gobierno abierto requiere de una participación real de la sociedad civil para poder conectar las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos con las decisiones que toman quienes están en el poder. Vivimos en una era en la que contamos con más herramientas que nunca para hacer esto posible, desde aplicaciones diseñadas para reportar sobornos en la policía, hasta bases de datos para contratos de adquisiciones que las personas pueden utilizar para monitorear las acciones del gobierno.
En la Cumbre Global de OGP que celebramos este miércoles y jueves, los líderes de gobierno y la sociedad civil discutimos, entre otros temas, formas en las que la plataforma de OGP puede ser utilizada para implementar y monitorear el progreso de cada país en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, con apego a los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. De ser cumplidos dichos objetivos, se estaría mejorando de forma sustantiva la calidad de vida de millones de personas en el mundo.
Un número considerable de los más de 2 mil 500 compromisos generados hasta ahora por los países miembros de OGP están orientados a áreas de resultado clave de los nuevos ODS, como el acceso a la justicia. Por ejemplo, Colombia ha desarrollado herramientas tecnológicas para rastrear y conocer en tiempo real el estado de casos judiciales, mientras que en México se espera que la creación de una “base de datos de personas desaparecidas” contribuya a lograr una mayor transparencia en el sistema judicial y ayude a proteger los derechos humanos al dar a conocer los crímenes que anteriormente sólo eran visibles a las familias de las víctimas.
Gobierno abierto significa gobierno para las personas y con las personas. Este es un mensaje que necesita ser reforzado constantemente tal y como lo demuestra el caso de Guatemala. Este tema encabeza la agenda de la Cumbre Global de OGP, en la que se alentará a todos los países miembros no sólo a reafirmar su compromiso con la participación ciudadana, sino a tomar acciones para hacer de este concepto una realidad.