- Pide Ricardo Rivera, de Coparmex, que el Congreso pueda discutir la armonización de la Ley Estatal en lo concerniente a las escuelas privadas
Con el objetivo de generar un espacio de opinión previo a los cambios en la legislación educativa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo realizó una mesa de diálogo, esto con la intención de que estos cambios no presenten ambigüedades respecto a las escuelas particulares, en el que se prevé formen parte del sistema educativo estatal.
De acuerdo con el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, el artículo 103 de la propuesta de Ley de Educación de Hidalgo, refiere que los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por instituciones públicas y privadas con reconocimiento de validez, además de los servicios instalados para proporcionar este derecho, formarán parte del sistema educativo estatal.
En ese sentido, el líder patronal en Hidalgo reunió a la Federación de Escuelas Particulares de Hidalgo, la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a universidades privadas y representantes de 100 instituciones particulares con el diputado local Julio Valera Piedras.
Ante el legislador, Rivera Barquín manifestó que la emergencia sanitaria representa la oportunidad de renovar la alianza entre estudiantes, familias, docentes y autoridades, y que por ello resulta preocupante que la propuesta de ley, el cual fue presentado ante el Congreso el pasado 11 de junio, pueda presentar ambigüedades en cuanto a una posible incorporación de la educación particular al sistema estatal.
Bajo esa misma tesitura, presentó una serie de tres adecuaciones a la ley: la primera en la que se admite que la infraestructura educativa particular forme parte del registro, pero sin afectar la propiedad jurídica y conservando su carácter patrimonial original; el segundo, que el sistema educativo sea integrado para fines de información, planeación y estadística.
Y en la tercera adecuación, el presidente Rivera remarcó que en el apartado donde los particulares deben acreditar que los inmuebles cuenten con la seguridad jurídica en cuanto a su disposición y que se le dé el uso educativo, que este elemento debe servir para otorgar certeza a las autoridades de que las propiedades estén a su nombre y en disponibilidad para la materia educativa.