• Se han detectado prácticas de tercerización, ofreciendo servicios a sobreprecio

De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en algunas ciudades del país se ha detectado la práctica del “coyotaje” de servicios funerarios, en las que se aprovechan de la actual situación para ofrecer estos servicios incluso más caros de lo establecido por las agencias funerarias. 

Según la dependencia, se tienen registros de consumidores que han contratado estos servicios, pero no directamente con los establecimientos, sino con terceras personas, quienes ofrecen el llamado “paquete completo”, el cual consiste en el servicio como tal y los trámites ante las autoridades de las actas de defunción y los permisos de inhumación. 

No obstante, durante las visitas e inspecciones de verificación y monitoreo, se detectó que las agencias funerarias no han modificado sus costos, a pesar que en estos momentos, derivado de la propagación y complicaciones del Covid-19, estos servicios actualmente tienen gran demanda, y sin embargo, estos establecimientos no han caído en casos de abuso. 

A pesar de que, hasta el momento no se tienen denuncias contra estos intermediarios, la Profeco hizo el llamado a la población que, en caso de detectar a “coyotes” ofreciendo servicios funerarios con costos más altos, se deben denunciar ante las instancias ministeriales, ya que se puntualizó que estos actos se pueden traducir en la práctica de un delito. 

Por otro lado, la dependencia lanzó un exhorto para que los gobiernos municipales detecten y denuncien la actuación de intermediarios en cuanto a la tramitología de documentos relativos a la defunción de una persona, y a los consumidores para que solo adquieran los servicios funerarios directamente con las agencias. 

De acuerdo con la Profeco, en lo que va del año se han realizado hasta 315 visitas de verificación a las diferentes funerarias en todo el país, encontrándose anomalías e incumplimiento a la normativa vigente en el 31 por ciento de éstas, siendo la principal queja la falta de contratos de adhesión.