TERRAZA
Los escándalos de corrupción de los que hemos sido testigos en los últimos tiempos, no nos dejan otra alternativa que concluir que la clase política se ha convertido en un factor de desgaste para la democracia.
Hoy estos escándalos, se actualizan bajo el rostro de dos políticos que dicho sea de paso, gobernaron Guerrero y Oaxaca, dos de los estados más pobres del país, Ángel Aguirre y José Murat. Sobre Aguirre pesa la sospecha de haber construido una red de complicidades en el estado de Guerrero, con el objetivo de beneficiar a miembros de su familia con contratos millonarios de obra pública, siendo su hermano, Carlos Mateo Aguirre, hoy sujeto a proceso judicial, el principal beneficiario.
Por otro lado, una investigación periodística de The New York Times, dio a conocer que miembros de la familia de José Murat poseen seis bienes inmuebles en ciudades destinos como Utah, Nueva York y Texas, propiedades que difícilmente pueden ser fruto de los recursos obtenidos a lo largo de una vida dedicada al servicio público.
Recurrentes y presentes en todos rincones del territorio nacional, los señalamientos de corrupción se han convertido en una especie de paradigma de la política que asecha a todos los partidos sin distinción alguna. A Murat y Aguirre se suman, por poner un ejemplo, los nombres de Elba Esther Gordillo y Andrés Granier, ambos procesados bajo el mismo cargo que hoy se le imputa al hermano de Ángel Aguirre.
Las manifestaciones de corrupción son dañinas para cualquier democracia, pero lo son más aún, para una democracia que se encuentra en un proceso de formación y precisa justamente del fortalecimiento del estado de derecho para mantenerse a flote. Actualmente resulta indispensable fortalecer y crear nuevos mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas que sean accesibles a los ciudadanos, pero sobre todo, se requiere poner fin a la impunidad.
Ningún Estado democrático se encuentra libre de corrupción, sin embargo, en la mayoría de ellos se evita a toda costa la impunidad. Hemos llegado al punto en el tradicional “deslinde”, la toma de distancia y la renuncia a los derechos partidistas por parte de los implicados en los escándalos, no son suficientes para resolver la situación.
La democracia necesita de la participación ciudadana para ser eficiente y la ciudadana exige con justa razón el fin de la impunidad, esta es la única forma en que los partidos políticos, las instituciones de gobierno y la política en general, pueden recuperar la credibilidad de los ciudadanos.
La administración actual se encuentra frente a una oportunidad histórica de demostrar, como lo ha hecho en otras ocasiones, que está dispuesta a perseguir y castigar a los funcionarios que violan la ley para procurarse un beneficio, que está dispuesta a comenzar a sentar las bases de un Estado de Derecho que existe en papel, pero en la realidad tiene mucho por hacer.