El pasado fin de semana la policía militar de Río de Janeiro impidió que 160 jóvenes de los suburbios de la zona norte de la ciudad llegasen a las famosas playas de Ipanema y Copacabana. Los jóvenes, menores negros y pobres, viajaban con lo puesto en varios autobuses de línea hasta la privilegiada zona sur carioca pero acabaron en el suelo de un furgón policial, sin haber cometido ningún delito.

La acción policial pretendía contener una nueva ola de robos en grupo, una práctica que se repite periódicamente en las playas de Rio desde comienzos de la década de los 90, pero la estrategia ha desatado otro escándalo frecuente: el racismo institucional de las policías brasileñas.

El juez titular del Tribunal de Menores, Pedro Henrique Alves, y la Defensoría Pública de Río, el organismo que agrupa a los abogados de oficio, consideró “ilegal” la detención. “La policía solo puede detener a un adolescente si lo encuentra cometiendo un delito o si tiene una orden judicial fundamentada”, afirma la defensora pública Eufrasia Souza das Virgens, que ha abierto un proceso contra el Estado por daños morales. (Agencias)