IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO

En el marco de la conmemoración del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y en honor a las hermanas Mirabal, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), plantea la necesidad de desatar los nudos estructurales de la desigualdad.

Transitar hacia una “sociedad del cuidado” que integre el cuidado de las personas y el cuidado del planeta desde un enfoque de género, y en el marco de los derechos humanos, requiere de políticas públicas y pactos sociales y fiscales que enfrenten las diversas formas de desigualdad que expandan los niveles de autonomía de todas las mujeres y niñas, en su diversidad, y ampliando la garantía de su derecho a una vida libre de violencia. 

La violencia contra las mujeres y niñas y su expresión más extrema: el femicidio o las muertes violentas de mujeres por razón de género, hacen visible de manera dramática la persistencia de los nudos estructurales de la desigualdad de género y de la discriminación y la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe. 

Debido a su arraigo histórico y estructural, los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos basados en la cultura del privilegio muestran ser uno de los nudos más complejos de desarticular. La violencia por razón de género contra mujeres y niñas tiene lugar de forma sistemática y persistente en la región; no conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y se produce en todos los espacios, desde el ámbito doméstico hasta los espacios públicos. 

Ocurre en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y otros espacios educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres ha llamado “pandemia en la sombra”

En América Latina y el Caribe, la fuerza de los movimientos feministas y de mujeres ha movilizado de manera permanente la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. Ante el silencio estadístico en la mayoría de los países, fueron las organizaciones y las activistas feministas quienes iniciaron el camino de recopilar datos y construir información sobre femicidios o feminicidios en varios países de la región. 

Su actuación, en conjunto con la de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y los Parlamentos, ha sido y sigue siendo crucial para la aprobación de reformas legislativas, la formulación de planes de acción y políticas específicas para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres y niñas, y la destinación de recursos para financiarlos. 

Ello es también resultado de la Agenda Regional de Género, una agenda política progresista, innovadora e integral hacia la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres, acordada a lo largo de 45 años en el marco de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Vinculada con la normativa internacional de derechos humanos, la Agenda Regional de Género tiene como marco principal la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), primer instrumento internacional de carácter vinculante que reconoció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Las reformas normativas impulsadas en las últimas décadas tendientes a abordar la violencia de género, en especial la aprobación en 13 países de leyes integrales sobre violencia y la promulgación en 17 países de normas que tipifican el delito de femicidio o feminicidio, cumplen un papel importante en la promoción de cambios culturales que favorezcan la construcción de sociedades en las que la violencia deje de ser socialmente tolerada.