Conciencia Ciudadana
Enrique Peña Nieto, al que se le atribuye ser el presidente más repudiado del país desde que existen los sondeos de opinión ha sido, en realidad muy exitoso
2017 fue un año que se recordará como punto de quiebre en la historia de México, pues fue durante sus doce meses cuando las más altas cúpulas del poder nacional lograron abatir las bases los frágiles rescoldos constitucionales que aún sobrevivían de la alianza histórico-social entre los gobernantes y los gobernados a partir de 1917, gracias al apoyo incondicional de la clase política mexicana. Enrique Peña Nieto, al que se le atribuye ser el presidente más repudiado del país desde que existen los sondeos de opinión ha sido, en realidad muy exitoso; al lograr imponer cambios históricos en la estructura del estado mexicano sin una resistencia política y social suficiente que lo hiciera desistir de su propósito.
Creo no equivocarme al calificarlo así; pues quien crea que el éxito de un gobernante es evaluado por la búsqueda del bien común tiene que dejar de pensarlo así en un régimen como el nuestro; donde alcanzar la suprema magistratura pasa por asegurar los intereses de una élite económica-financiera que ha concentrado como nunca antes en la historia nacional la riqueza nacional en sus manos; en gran medida, por el apoyo de los capitales y gobiernos extranjeros a los que les abrió las puertas del país, entregándoles, como en tiempo de la colonia y el porfiriato, jugosas rebanadas de la riqueza nacional. Su éxito pues, no proviene de su capacidad política, intelectual o de liderazgo político; sino de haber sabido desempeñar la función de servidor, de mandatario, de las potencias del dinero, la corrupción y la violencia necesarias para arrebatar a una sociedad los recursos por los cuales lucharon sus ancestros.
Los años que han pasado desde 1988, han sido tiempos de una verdadera ordalía para el mundo del poder y el dinero, a la par que la fuerza de la sociedad mexicana se fue diluyendo en un pantano de pobreza, violencia y anarquía. Hace un año; el país se despertaba con un irracional aumento de las gasolinas causando una protesta social de impresionantes dimensiones que el gobierno federal pudo sortear gracias al apoyo pasivo de los partidos políticos; sindicatos y gobiernos estatales; inhibidos ante la feroz medida económica. Carentes de un liderazgo y una organización política, las protestas sociales fueron menguando poco a poco, hasta diluirse en el reniego y la frustración sin provocar el menor cambio en las decisiones tomadas por el Ejecutivo.
Hoy el descontón no esperó el año nuevo. A fin de dar por cerrado su ciclo de reformas iniciadas en 2013, Peña Nieto no dudó en cumplir una vieja exigencia del capitalismo más reaccionario así como de su eterno padrino el gobierno norteamericano, quien desde hace tiempo ha considerado como una extensión de su círculo defensivo la seguridad de sus inversiones en México; demandado un mayor y más eficaz uso de la fuerza armada en la lucha contra lo que ellos llaman el terrorismo y el crimen organizado, solicitando al Congreso de la Unión la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, lo que ambas cámaras hicieron en noviembre pasado.
No resulta aventurado decir que con éste nuevo ordenamiento, la Constitución de 1917 termina por derrumbarse no solo en su letra, sino en el espíritu mismo que la inspiró, nacido de un pacto social de proporciones históricas. A lo largo de su historia, la nación mexicana vivió un constante conflicto de intereses entre las fuerzas armadas y el poder civil que las constituciones de 1857 y la de 1917 resolvieron mediante su sometimiento a las autoridades civiles A pesar de ello desde 1821 hasta los años veinte del siglo pasado, los militares no dejaron de insistir en sobreponerse al orden civil y hacerlos entender sólo se logró al costo de grandes sacrificios de la población civil. Sin embargo, el régimen priísta no dudó nunca en utilizarlas para reprimir movimientos populares como en 1968; mientras que los gobernantes panistas, más reaccionarios pero más ineptos que aquellos, decidieron sacarlas a las calles a combatir a sangre y fuego al llamado crimen organizado, provocando una catástrofe humanitaria del tamaño de 120 mil víctimas entre 2006 y 2012.
El regreso del PRI a la presidencia nada cambió esa política, y tras de contabilizar otras cien mil víctimas durante lo que va de su sexenio, Peña Nieto decide no regresar al ejército a sus cuarteles y respetar los procedimientos constitucionales ya existentes, sino emitir una “ley de seguridad interior” que legalice su permanencia en las calles, utilizando al congreso de la unión como mero instrumento para dar a las fuerzas armadas la posibilidad de intervenir e investigar en el ámbito civil sin necesidad de someterse a las autoridades judiciales.
Cercanas las elecciones de éste año, no es descabellado pensar que, dejadas en manos del ejecutivo actual, éste pudiera disponer la intervención de las fuerzas armadas en casos en que él o sus consejeros consideren necesario hacer uso de sus servicios para solucionar problemas que, a su juicio, pongan en peligro la paz pública; sin posibilidad alguna de que ninguna otra autoridad ni grupo social pueda interponer recurso alguno para impedírselos. El escenario posible para el 2018 es, pues, de pronóstico reservado.
Sin embargo, caer en la desesperanza es darnos por vencidos de antemano y desear que el 2018 sea un tiempo de avances y triunfos no es pedir un absurdo, sino manifestar el ejercicio pleno de nuestra libertad, que se niega a aceptar como fatales las determinaciones que pretenden impedir su pleno ejercicio. La Conciencia Ciudadana parece acrecentarse día a día en nuestro país, apostando a un cambio de gobernantes, de sistema político y de prácticas viciosas que nos han llevado al deplorable estado en que vivimos como nación; la esperanza y la confianza social, parecen despertar. Hagamos votos porque el 2018 sea un año de cambio y transformación en cada una de nuestras vidas y en la de nuestra adolorida nación.
Y RECUERDEN QUE VIVOS SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS CON NOSOTROS.