Hidalgo ha aprobado reformas que buscan un modelo de atención más eficiente y especializado, con el objetivo de responder de forma inmediata ante la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, y evitar la revictimización.
La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos, indicó que este nuevo esquema facilita el acceso a un sistema de protección con atención integral y oportuna desde los municipios.
Este fortalecimiento implica que los equipos multidisciplinarios locales ahora tienen autonomía técnica y operativa para tomar decisiones sin necesidad de trasladar a las víctimas a otros centros.
La estructura de protección se transforma de 16 procuradurías regionales a 84 instancias municipales con mayores facultades, logrando cobertura total en el estado y una respuesta más rápida a casos de violencia.
Según la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo, dirigida por Laura Karina Ramírez Jiménez, desde octubre de 2025 se han atendido cerca de 4,900 casos, de los cuales 2,200 están relacionados con violencia sexual y familiar.
Este cambio permite a la Procuraduría Estatal enfocarse en la coordinación, supervisión y capacitación para asegurar una atención uniforme en toda la entidad.
Cada instancia municipal podrá representar legalmente a menores, solicitar medidas cautelares y coordinar casos con instituciones de salud, educación y asistencia social.
Ricardo Alvizo Contreras, titular del Sistema DIF Hidalgo, destacó que el modelo permite establecer medidas de protección administrativas inmediatas para actuar con rapidez ante emergencias, omisión de cuidados o situaciones de riesgo.
La implementación se realiza transformando las Unidades de Primer Contacto, sin requerir incremento presupuestal y bajo una coordinación estatal que busca procesos uniformes.
Este esfuerzo se alinea con una política de gobierno que prioriza la protección de los sectores vulnerables.
El Sistema DIF Hidalgo reafirma su compromiso con el impulso de políticas que garantizan la protección integral y fortalecen los derechos y el desarrollo de la niñez y adolescencia.
