San Felipe Orizatlán, Hidalgo. – En el corazón de la Huasteca hidalguense, se llevó a cabo el seguimiento de la Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo, un ejercicio que reafirma el compromiso del gobierno estatal con el diálogo directo y la justicia.
El encuentro, celebrado en la unidad deportiva municipal, se distinguió por un formato abierto y sin barreras, diseñado para eliminar intermediarios entre la ciudadanía y las autoridades.
Respuesta Directa a Mujeres Víctimas de Violencia
El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, encabezó la jornada, acompañado por un equipo de funcionarios de los tres órdenes de gobierno. El foco principal fue la atención puntual a las mujeres víctimas de violencia, quienes pudieron exponer sus casos y recibir respuestas inmediatas sobre el avance de sus denuncias y solicitudes.
Las participantes reconocieron explícitamente el acompañamiento institucional y los avances logrados en sus expedientes, destacando la importancia vital de estos espacios de expresión directa.
Paz, Confianza y Responsabilidad Institucional
Olivares Reyna subrayó que la auténtica construcción de la paz se cimenta en el contacto directo y permanente de las instituciones con la ciudadanía. Este modelo de acción gubernamental implica la escucha activa de las necesidades y la actuación inmediata y responsable.
Durante la sesión, las autoridades informaron a detalle el estatus de cada asunto, reiterando el compromiso de mantener una presencia constante en los municipios. Se enfatizó que la estrategia de pacificación pasa por fortalecer la confianza social, promover el respeto mutuo y privilegiar el diálogo como herramienta central para la resolución de conflictos.
Justicia en el Centro de la Acción Pública
La jornada, definida como un ejercicio sin puertas ni muros, fue presentada como una demostración práctica de que la transformación de las condiciones de vida, la erradicación de la violencia y la colocación de la justicia en el núcleo de la acción gubernamental y comunitaria son metas alcanzables.
Finalmente, las y los servidores públicos refrendaron su obligación de trabajar para garantizar que la población de Hidalgo viva en un entorno seguro, justo y armónico.
