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sábado, febrero 21, 2026

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Familiares de los considerados «presos políticos» en Venezuela pidieron este martes a la Defensor a del Pueblo tener acceso a sus parientes, a quienes -denunciaron- no les permiten recibir visitas.

Andre na De Grazia, hija del opositor Am rico de Grazia, detenido el 7 de agosto de 2024, denunci , en declaraciones a periodistas, que no ha tenido contacto con su padre desde entonces, por lo que desconoce su estado de salud.

«Estamos exigiendo que, por favor, nos permitan, por lo menos, su visita para verificar (su salud) y tener contacto directo con l», manifestá De Grazia, cuyo padre está acusado de los presuntos delitos de «instigación al odio e incitación a la rebeli n».

En «la misma condici n» se encuentran los opositores Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Roland Carre o, Alfredo díaz y «muchos más», a la hija del opositor detenido

«Estamos aqu alzando la voz para que se haga justicia y la libertad inmediata, porque ellos son inocentes», agreg De Grazia, quien entreg , junto a los parientes de otros detenidos, un documento en la sede de la Defensor a en Caracas.

A su lado, Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, asegur que el opositor permanece detenido desde hace 138 días y que se le ha «negado todo derecho fundamental que deber a tener cualquier persona».

Por su parte, Andre na Baduel, hija del exministro de Defensa Ra l Isa as Baduel -quien muri en 2021 en la c rcel, tras 12 a os detenido-, denunci un «patr n de aislamiento e incomunicaci n» al que son «sometidos» los «presos políticos».

Baduel manifestá que desde hace 16 díasíno tiene «ning n tipo de informaci n» sobre su hermaño Josnars Adolfo Baduel, recluido en la c rcel Rodeo I en el estado Miranda (norte), lugar que ella califica como «un centro de torturas».

«Exijo el cese de los tratos crueles a los presos políticos y a sus familias», expres Baduel.

A su turno, Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, detenido el 30 de julio del a o pasado, pidi que se garanticen los derechos fundamentales de los «presos políticos».

«No s si es que mi esposo está siendo torturado f sicamente y por eso es no me dejan verlo», dijo Silva, quien reiter que Superlaño «no ha cometido ning n delito», como tampoco «todos los que se encuentran en el Helicoide», la sede del Servicio Bolivariaño de Inteligencia (Sebin) en la capital venezolaña.

Tras las presidenciales del 28 de julio del a o pasado, se desat una crisis en el pa s a ra z de la proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por rectores afines al chavismo- de Nicol s Maduro como ganador, lo que fue denunciado como «fraude» por la mayor coalición opositora, la Mesa de Unidad democrática (MUD), que reclama la victoria de Edmundo Gonz lez Urrutia.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los considerados «presos políticos», cifra en 1.196 los arrestados por motivos de conciencia, la mayor a detenidos en el periodo poselectoral.

Sin embargo, la Administración de Maduro y la Fiscal a niegan que haya personas arrestadas por motivos políticos, sino detenidos por cometer diversos delitos, lo que rechazan varias ONG y partidos opositores.

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