IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
El documento “Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, ha sido elaborado en preparación para la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), el cual analiza el estado del acceso a la justicia; aunque la región cuenta con un marco normativo sólido y políticas pioneras que promueven la igualdad de género y el acceso a la justicia, persisten profundas desigualdades estructurales y obstáculos institucionales que dificultan el ejercicio efectivo de estos derechos.
Estos desafíos están relacionados con cuatro nudos estructurales principales: la desigualdad socioeconómica y la pobreza, la división sexual del trabajo y la organización social del cuidado, los patrones culturales patriarcales y discriminatorios, y la concentración del poder político en manos de las mujeres. Además, la región enfrenta un contexto global complejo marcado por retrocesos en derechos, crisis múltiples, conflictos, impactos del cambio climático y tensiones en los sistemas multilaterales, que afectan particularmente a las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad y en diferentes contextos.
El documento expone temas específicos como la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, justicia ambiental con perspectiva de género, y los derechos políticos de las mujeres, incluyendo a colectivos vulnerables como mujeres indígenas, afrodescendientes, defensoras de derechos humanos, mujeres migrantes, personas LGBTI+ y mujeres privadas de libertad.
Dentro de los avances y desafíos en el acceso a la justicia, por citar algunos, se destaca que, aunque la región ha avanzado en la creación de marcos legales protectores contra la violencia de género, persisten brechas en su aplicación efectiva, la protección integral y la respuesta institucional.
Se han legislado delitos como el feminicidio y la prohibición del matrimonio infantil, además de crear unidades especializadas y protocolos de investigación con perspectiva de género, sin embargo, aún existen obstáculos como la revictimización, estereotipos, falta de datos confiables desagregados por sexo, y dificultades para acceder a justicia en contextos de violencia digital, crimen organizado y violaciones masivas de derechos humanos.
También se observa que, pese a los progresos en justicia transicional, la violencia sexual en conflictos y dictaduras sigue siendo poco investigada y sancionada, aunque en algunos países se han logrado importantes avances en el reconocimiento y persecución de estos crímenes.
Las instituciones en ALyC han avanzado en crear leyes y políticas para mejorar el acceso a la justicia para mujeres y niñas, especialmente las más vulnerables, este derecho implica una protección efectiva y segura, eliminando obstáculos legales, institucionales, sociales y tecnológicos. Aunque los avances normativos son significativos, persisten desigualdades en su implementación, lo que requiere fortalecer capacidades institucionales, recursos y mecanismos de rendición de cuentas.
La región ha ratificado tratados internacionales y ha desarrollado instrumentos regionales, como el Compromiso de Tlatelolco, que busca acelerar la igualdad mediante cambios en los ámbitos: político, social, económico, cultural y ambiental, poniendo énfasis en el derecho al cuidado y en el reconocimiento del cuidado como un derecho humano autónomo.
Bajo este escenario, se necesita promover la igualdad, la protección y la participación de las mujeres, para garantizar una justicia efectiva, se recomienda fortalecer la normativa, crear instituciones especializadas, mejorar los sistemas de información y tecnología, y asegurar financiamiento sostenible; la cooperación regional e internacional, junto con un monitoreo riguroso, son clave para traducir estos avances en cambios reales y duraderos en la vida de mujeres y niñas, en línea con la visión de una sociedad igualitaria.
