ESPEJOS DE LA REALIDAD
Parece que todo le sale bien al Presidente. Hoy, el Senado de la República votará la reforma al Poder Judicial, una propuesta respaldada por un discurso que, en su esencia, podría resumirse así: todo lo que no hice yo o quienes no designé, son corruptos, a menos que me sirvan. En esta misma lógica, la reforma plantea que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, y que se eliminen siete organismos autónomos que, en palabras del Ejecutivo, “no me sirven para nada”.
Sin embargo, el nivel de poder e influencia que se necesita para modificar algo tan complejo como el Poder Judicial, no es comparable a arrancar una hoja de una libreta y empezar de nuevo en una página en blanco. Desmantelar estructuras sin una estrategia clara para resolver los problemas que las aquejan, no es sinónimo de progreso. Al contrario, puede agravar las fallas que ya existen.
Es importante reconocer los problemas. Hay, sin duda, una enorme falta de ética en el sistema judicial. Esto no se puede negar. Pero, en lugar de eliminar el Poder Judicial tal y como lo conocemos, debemos enfocarnos en desarrollar indicadores que midan la efectividad de los jueces, implementar requisitos más estrictos para quienes aspiren a una carrera judicial y crear programas sólidos de ética.
Además, no podemos ignorar el desastre que representa el proceso judicial en sí. La falta de acceso, la desigualdad en la justicia y la complejidad de los procedimientos no son invenciones. Son problemas reales que afectan a millones de personas en el país, pero vale la pena enfocarse en ampliar el alcance de figuras como el amparo, garantizar que las sentencias se cumplan y crear mecanismos para asegurar que los inocentes no acaben en prisión.
La inseguridad, otro tema que ahoga a México, también debe ser atendida desde una perspectiva de reforma judicial, pero no a través de más militarización.
Es necesario escuchar a la sociedad, modernizar los centros de comando y crear estándares nacionales más altos. Uno de los problemas más graves de nuestro sistema es que los más pobres no tienen acceso a la justicia. La respuesta a esta desigualdad no es eliminar las instituciones existentes, sino fortalecerlas. Debemos dotar a las defensorías públicas de más recursos, capacitar mejor a sus integrantes, pagarles sueldos dignos y garantizar su autonomía. Sólo así lograremos que la justicia sea verdaderamente accesible para todos.
Borrar todo y empezar de nuevo no es la solución. Reformar, mejorar y ajustar, son acciones mucho más complejas, pero a largo plazo son las que realmente nos conducirán a un sistema judicial más justo y eficiente.
