El papa dedica el rezo de marzo a «la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia», según el videomensaje publicado el pasado jueves sobre las intenciones de oración del pontífice para este mes.

Los organizadores de esta iniciativa explican que «en un contexto internacional marcado por conflictos armados y el aumento del gasto militar, León XIV dedica su intención de oración para el mes de marzo al desarme y a la paz».

«Señor de la Vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción», reza el papa en el vídeo.

Y agrega: «Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación».

El papa afirma en su oración «que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos».

Y ruega también a Dios para que los líderes de las naciones, «tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista, y poner en el centro la vida de los más vulnerables».

«¡Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad!», clama el pontífice estadounidense.

Este vídeo es una iniciativa de la Red Mundial de Oración del papa que comenzó durante el pontificado de Francisco y que León XIV ha decidido continuar y cuyo objetivo es difundir las intenciones de oración mensuales del pontífice

Los organizadores de esta iniciativa explican que el mensaje del papa -grabado hace días- está marcado por el incremento sostenido del gasto militar.

Según datos recientes del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar mundial aumentó por décimo año consecutivo en 2024, alcanzando los 2,7 billones de dólares, impulsado por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por otros conflictos armados y tensiones geopolíticas.

El incremento del 9,4 por ciento respecto al año anterior llevó el gasto militar mundial al nivel más alto jamás registrado por el SIPRI.

Al menos 245 personas -entre ellas abogados, periodistas y defensores de derechos humanos- experimentaron algún tipo de persecución política en El Salvador durante el período de 2019 a 2025, de acuerdo con un informe presentado el pasado jueves y elaborado por la reconocida organización humanitaria Cristosal.

«El Salvador está experimentando el resurgimiento de un proceso de persecución y criminalización por motivos políticos», apuntó la ONG en el documento, en el que también alertó que «este fenómeno, documentado en el presente estudio, representa una regresión histórica que contradice los avances logrados tras los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se creía superada esta práctica represiva».

También, destacó que entre las víctimas se encuentra la jefa de la unidad de anticorrupción de la organización, Ruth López, detenida desde mayo de 2025 y actualmente «presa política».

El documento reveló que «entre 2019 y 2025, la persecución política dejó de ser selectiva y evolucionó hacia un modelo estructural, sostenido y judicializado» y que «el punto de quiebre fue 2021, tras la captura de las principales instituciones del sistema de justicia» y, «desde entonces, la criminalización penal se consolidó como política de Estado y el miedo se instaló como norma para quienes trabajan por sus comunidades, familias o derechos».

En 2021, con el partido gobernante Nuevas Ideas (NI) con mayoría en la Asamblea Legislativa, se concentra el 27,7 por ciento de «las personas perseguidas» (68 de 245 casos), «marcando el inicio de la persecución institucionalizada», apuntó.

Según el análisis de Cristosal, la persecución se ejecuta mediante mecanismos que se combinan y refuerzan, como hostigamiento y vigilancia, amenazas, seguimiento, estigmatización y presión directa.

Del total de los casos, 180 (73,4 por ciento) enfrentaron procesos penales, de los que en 174 casos (96,6 por ciento) «la persecución se realizó exclusivamente por la vía penal, mientras que en 6 casos (3,4 por ciento) el Estado la combinó con otras acciones punitivas».

Según la ONG, siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos fueron criminalizadas y 86 continúan detenidas y solo siete han sido condenadas, en procesos que «presentan patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela».

De las 245 personas documentadas, el 60,4 por ciento son defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas, y la persecución contra estos sectores fue constante y creciente entre 2019 y 2025, apuntó.

De acuerdo con el informe, a partir del 2022 la cantidad de personas perseguidas se mantuvo en niveles elevados, aunque con variaciones menores, con 36 casos registrados en ese año y en 2023, un ligero aumento a 39 casos en 2024 y 50 en 2025.

Lo anterior, apuntó Cristosal, «indica que, tras el pico de 2021, la persecución se ha institucionalizado y sostenido en el tiempo, con fluctuaciones vinculadas al contexto político y a la estrategia gubernamental».

Un total de 7 mil 365 personas han recibido libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía promulgada hace dos semanas en Venezuela, informó el pasado jueves el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez.

«Tal como está establecido en la Ley de Amnistía, las 7 mil 365 personas que recibieron libertad plena tienen todos sus derechos establecidos y consagrados en la Constitución», declaró Rodríguez ante la prensa, sin dar más detalles, minutos antes del inicio de la sesión parlamentaria en el Palacio Federal Legislativo.

En este sentido, el diputado aseguró que todos los amnistiados podrán ejercer actividad política y señaló que los dirigentes políticos en el exilio que deseen pedir el beneficio deben contactar a la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la legislación.

La mayoría de las personas que han recibido libertad plena se encontraban con libertades restringidas bajo medidas cautelares, según han explicado anteriormente las autoridades.

Rodríguez evadió responder si está prevista la renovación de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando el Parlamento ya inició el proceso de recibir postulaciones para designar nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría.

Sin embargo, sí confirmó que se debe trabajar «con mucha fuerza» en una «reforma del sistema de justicia».

«Ahí sí vamos a ir a fondo, a fondísimo», subrayó.

Hasta el martes, la comisión parlamentaria de seguimiento de la amnistía contabilizaba 6 mil 071 libertades plenas concedidas desde el pasado 20 de febrero, la mayoría de ellas a personas que tenían libertad restringida con medidas cautelares, como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales.

Este jueves, familiares de presos políticos exigieron en las afueras del Parlamento el cumplimiento de la amnistía para todos los presos políticos, así como el cese de maltratos a los detenidos en distintas prisiones.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este jueves que registra un total de 526 personas detenidas por motivos políticos, entre ellas 49 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

La organización detalló en sus redes sociales que 353 de los presos políticos son civiles y 173 militares.